Publicado en línea el Jueves 24 de marzo de 2016, por La Estrella

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este lunes la muerte a tiros de Nelson Noé García, un dirigente de la organización que encabezaba la asesinada ambientalista hondureña Berta Cáceres, pocos días después de recibir medidas cautelares del ente regional."

La Comisión Interamericana expresa su profundo repudio por este asesinato, y su especial preocupación por el hecho de que Nelson Noé García tenía medidas cautelares otorgadas a su favor", dijo en un comunicado el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos.

La CIDH, con sede en Washington, instó igualmente "al Estado hondureño a investigar el asesinato" de García y Cáceres "con debida diligencia, y a juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales".

"Estos crímenes no deben quedar en la impunidad", subrayó el comisionado Francisco Eguiguren, relator de la CIDH para Honduras.

García fue muerto a tiros el pasado martes mientras se dirigía a su casa después de que la policía desalojara a un grupo campesino, del que formaba parte, de tierras reclamadas por terratenientes, según sus compañeros de la organización Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).Como integrante del COPINH, dirigido por Cáceres, García fue objeto de medidas cautelares solicitadas por la CIDH tras el asesinato de la líder ambientalista a principios de marzo.

El mexicano Gustavo Castro, el único testigo del crimen, también fue objeto de esas medidas de protección de la Comisión.

Cáceres, ganadora del Premio Goldman 2015, uno de los más prestigiosos en el campo del medio ambiente, encabezaba la lucha contra un proyecto hidroeléctrico en el río Gualarque, que se desarrolla en territorio indígena de la comunidad lenca.

Su muerte provocó la indignación dentro y fuera de Honduras, mientras una misión internacional anunció una ofensiva mundial para presionar por justicia.

En un informe difundido en febrero, la CIDH alertó sobre los elevados índices de violencia e impunidad en Honduras, y abogó por reformar los cuerpos policiales.

Sectores excluidos como mujeres, indígenas y afrodescendientes son los más vulnerables a las violaciones de los derechos humanos en el país centroamericano, estimó el organismo en el crítico reporte.


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