Publicado en línea el Lunes 27 de enero de 2020, por Patricia Monreal

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Morelia Michoacán.- Michoacán crea sus propios monstruos, la incapacidad del Estado para atender y dar seguimiento a los casos de violencia familiar de manera integral y efectiva, es el caldo propicio para escenarios de mayor violencia. La ausencia de tratamientos mentales para agresores y víctimas es un factor constante debido a la insuficiencia de la norma y de políticas públicas efectivas.

El pasado seis de enero en Morelia se conoció el caso de Noemí, mujer de 29 años que mató a puñaladas a su hija de ocho años e hirió a su hijo de diez. En la audiencia de vinculación se evidenciaría cómo este caso deriva de una situación de violencia familiar, en donde Noemí era víctima de agresiones y violencia por parte de su marido.

Al alza violencia familiar

En los últimos cinco años en México se tiene el registro de 832 mil 269 casos de violencia familiar, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cifra conservadora que sólo da cuenta de aquellos casos que son denunciados ante las Fiscalías y Procuradurías estatales.

Partiendo de las cifras oficiales, puede observarse como en los últimos cinco años cada día se presentan en México un total de 456 denuncias por el delito de violencia familiar.

Pese a ser un tema de moda en los últimos años, en donde los políticos en turno gustan vestirse promocionando acciones o medidas para su erradicación, lo cierto es que, la violencia familiar en México sigue al alza.

Mientras que en 2015 se tiene el registro de 126.8 mil casos denunciados en el país, en 2016 sumaban 153.5 mil; en 2017, 169.3 mil; para 2018 fueron 180 mil; y en 2019 llegaron a 202 mil 409.

Sobre Michoacán hay el registro de cinco mil 50 casos denunciados por violencia familiar en los últimos cinco año. Es decir que en promedio en el estado se presentan poco más de dos denuncias por este delito al día.

En 2019 se registró en el estado una disminución de los casos denunciados con 911; en 2018 fueron mil 273; en 2017 eran mil 158; en 2016, 787; y en 2015 sumaban 921 casos.

Los diez municipios que registran mayor número de casos en el último lustro son Morelia (1982), Apatzingán (514), Zamora (472), Uruapan (343), Tarímbaro (183), Lázaro Cárdenas (151), Zitácuaro (118), Pátzcuaro (114) y Jacona (90).

En tanto, los municipios que no registran ni una sola denuncia por violencia familiar en los últimos cinco año son Áporo, Coeneo, Huaniqueo, La Huacana, Taretan, Tingüindín, Tiquicheo y Zináparo.

Violencia familiar por oficio

La falta de seguimiento a los casos de violencia familiar que se registran, es a ojos de la diputada Lucila Martínez Manríquez, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso local, uno de los graves problemas en Michoacán.

Ella considera que si bien las leyes del estado tienen la finalidad de castigar todas aquellas acciones delictivas o acciones de violencia en contra de las mujeres, falta una coordinación real y efectiva entre los poderes Legislativo y Ejecutivo para implementar políticas públicas efectivas.

“Es claro que no se le da seguimiento puntual a los casos o situaciones de violencia en contra de las mujeres, lo que deriva incluso en trastornos o enfermedades mentales que como consecuencia, culminan en actos delictivos en contra de los propios hijos.

La creación constante de normas es insuficiente o la elevación de las sanciones es insuficiente a ojos de la legisladora, sino se realiza un trabajo de coordinación con políticas públicas que le den seguimiento a la violencia intrafamiliar.

Apunta a las escuelas y los centros educativos como un espacio en el que se puede detectar los casos de violencia familiar y donde se debería actual al respecto; “el personal docente normalmente está capacitado para detectar situaciones irregulares dentro del seno familiar y lo que se debería hacer entonces es darle seguimiento a los casos que se detecten, para entablar un vínculo de manera emergente y urgente con los padres de familia.

“Una vez detectados los casos deberían ser atendidos por un departamento psicológico, dándosele vista a las autoridades. El problema es que ni los docentes ni las autoridades educativas le entran realmente al trabajo de prevención de la violencia intrafamiliar”.

Otro problema –apunta- es que no existen protocolos de actuación que se apliquen en los centros educativos cuando se detectan casos de violencia familiar, los que deben generarse garantizando el acompañamiento psicológico o incluso jurídico.

“El acompañamiento psicológico es uno de los más importantes; muchas de las situaciones de violencia que se dan de mujeres que violentan a sus hijos, es debido a que ellas mismas han sufrido violencia con sus parejas. Esto vemos que incluso detona enfermedades mentales sobre las que también se requiere atención”.

Martínez Manríquez considera que una medida que podrían vislumbrarse es establecer en la Ley que la violencia intrafamiliar debe seguirse de oficio, lo que evitará la impunidad en aquellos casos en que las mujeres decidan retractarse de las denuncias que presentan.

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