Publicado en línea el Viernes 21 de febrero de 2020, por Franck Gaudichaud

La crisis del sistema político provocada por la rebelión popular desencadenada desde el 18 de octubre pasado y la estratagema institucional con que la casta política que ha cogobernado el país desde 1990 pretende desactivarla, han puesto a prueba la capacidad de las corrientes que se reclaman de izquierda para orientarse en este escenario y encontrar la manera de abrir un curso progresivo a la lucha por superar el estado de cosas heredado de la dictadura.

La mayor parte de sus diversas expresiones orgánicas, políticas y sociales, parecen estarse agrupando en torno a una disyuntiva polar que las obligaría a optar entre una participación sin horizonte de ruptura en el plebiscito convocado en el marco de las reglas reconocidamente tramposas cocinadas por el duopolio en la madrugada del 15 de noviembre, o un rechazo tajante a hacerlo pero sin ofrecer una vía alternativa capaz de convocar a la mayoría.

Como sabemos, desde una perspectiva revolucionaria lo que corresponde es definir una clara orientación de lucha sobre la base de un «análisis concreto de la situación política concreta», lo cual significa considerar tanto las posibilidades que en cada coyuntura abre el estado de ánimo y disposición de lucha de las amplias masas populares, como los límites que imponen sus largamente arraigadas ilusiones e inevitables déficits de conciencia política.

En esto es clave no confundir el estado de ánimo y nivel de conciencia de la mayoría, que es la llamada a aportar la fuerza social necesaria para vencer, con el de los sectores de vanguardia, que han estado a la cabeza de la movilización, portadores de una percepción mucho más clara del carácter fraudulento de las maniobras que realiza la casta política y que comprenden la necesidad de continuar luchando en las calles por cambios de fondo.

Aquellos que, reclamándose de izquierda, privilegian un accionar político de carácter cupular, centrado en la búsqueda de acuerdos y compromisos entre los aparatos de todo el posible arco político del «progresismo», solo manifiestan con ello su profunda desconfianza en la capacidad de lucha de las masas y, por tanto, en la posibilidad, y aun la conveniencia, de abrir paso a una revolución de verdad, que termine de una vez con la dominación del capital.

De allí que, temerosos de verse excluidos de ese amplio espectro de fuerzas políticas, limitan sus críticas a aspectos menores de la estrategia gatopardista ideada por el duopolio para superar a su favor la crisis política en curso, resignándose a encuadrar su accionar en la aceptación de ese marco institucional fraudulento y circunscribiendo su horizonte visual a su tradicional empeño de presionar por una mera «superación del neoliberalismo».

Aquellos otros que, desconfiando de los partidos políticos, cultivan una visión mítica del sujeto popular, ignorando sus reales y ostensibles limitaciones, lo conciben no solo capaz de desarrollar por sí mismo, «desde abajo» y de manera completamente espontánea, un accionar consistentemente revolucionario, sino también de estar en condiciones de liquidar ya, sin más trámite, al orden burgués. Las condiciones ya estarían madurando para ello.

De allí que, junto con exigir la salida de Piñera del gobierno y denunciar el carácter fraudulento del «acuerdo por la paz social» cocinado por la casta política el 15 de noviembre, llaman a desconocer de plano el plebiscito del 26 de abril y a continuar desarrollando en su lugar órganos de poder popular que puedan confluir en una Asamblea Popular Constituyente, nacida «desde los territorios», como genuina expresión de la rebelión popular en curso.

Si bien estos compañeros reconocen que el poder popular es aún embrionario, invocan el carácter dinámico de los procesos en curso, pero sin atinar a ponderar, en función de ello mismo, la pertinencia de las disyuntivas que encaramos precisamente ahora, no en un futuro aun indeterminado. Y, por supuesto, el riesgo evidente es que, al no hacerlo, en lugar de asistir al alumbramiento de una revolución tengamos que resignarnos a presenciar su aborto.

En consecuencia, ninguno de los cursos de acción antes señalados es capaz, por sí mismo, de dar simultáneamente cuenta, tanto de las potencialidades y debilidades que exhibe hoy la rebelión popular contra el sistema político y económico heredado de la dictadura, como de los desafíos a que nos enfrenta la estratagema antidemocrática con que la casta política está pretendiendo desactivar la movilización y retomar el pleno control de la situación.

Salvo el improbable escenario de que la reactivación de la rebelión popular logre alcanzar rápidamente una intensidad mucho mayor a la presenciada hasta ahora, lo más complejo será romper la camisa de fuerza que representa el proceso seudoconstituyente con que la casta política pretende acabar definitivamente con ella, puesto que reconoce como su punto de partida la convocatoria a una consulta ciudadana, fuente de toda legitimidad democrática.

Es por ello que, más allá de la operación fraudulenta de la que forma parte, el plebiscito del 26 de abril está llamado a constituir un hecho político relevante, cuya significación resultará imposible desconocer. Frente a ello, políticamente solo caben dos opciones: llamar a participar activamente en él o llamar a boicotearlo, esforzándose luego por alcanzar un resultado exitoso en la opción que se elija. Lo que claramente no cabe es ignorarlo.

¿Cuál de ambas opciones es la que permite impulsar de mejor manera la lucha por un cambio revolucionario de la sociedad en que vivimos? ¿Cuál de ellas es la que, en el contexto de la actual coyuntura, empalma más claramente con la lucha por los derechos, y aspiraciones que han movilizado al pueblo trabajador? ¿Cuál nos puede ayudar en mayor medida a elevar los actuales niveles de conciencia, organización y movilización popular?

La opción por el boicot parece tener a su favor la posibilidad de denunciar de mejor manera el carácter fraudulento del proceso constituyente «cocinado» entre gallos y medianoche por la desprestigiada y repudiada casta política. Pero, a pesar del amplio rechazo ciudadano a esta última, parece muy improbable que un llamado a boicotear el plebiscito pueda lograr la adhesión aplastantemente mayoritaria requerida para resultar exitoso.

Más aun si muchos de quienes han asumido una posición afín a esta opción no parecen estar mayormente interesados en llevar adelante una activa campaña en tal sentido, limitándose a denunciar y rechazar la burla que representan los condicionamientos antidemocráticos a que se halla sujeto dicho proceso constituyente y a apostar por una salida surgida directamente de la movilización popular y las asambleas territoriales nacidas al calor de ella.

La alternativa de llamar a concurrir a votar en el plebiscito del 26 de abril por las opciones «apruebo» y «convención constitucional» tiene, a juzgar por las encuestas, buenas chances de resultar victoriosa, pero se enfrentará luego a las variadas amarras que le ha impuesto a todo el proceso constituyente ulterior el marco institucional y legal derivado del acuerdo cocinado por el duopolio. Parece difícil disociar el plebiscito de la operación gatopardista que lo cobija.

Pero el desafío consiste precisamente en eso, en hacer ver y enfatizar la inconsistencia que representa el que la casta política apele primero a una consulta ciudadana, aceptando con ello que la voluntad popular, libremente expresada, es el único fundamento real de un sistema político que se presuma democrático, para arrogarse luego la pretensión de restringir el derecho del pueblo a decidir de un modo enteramente soberano su futuro.

Por lo tanto, la opción más conveniente será llamar a participar en el plebiscito pero insistiendo en resaltar con fuerza el principio de la soberanía popular como la única fuente de legitimidad democrática, contraponiéndolo clara y abiertamente a todas las amarras con que los políticos del sistema pretenden aprisionar el proceso constituyente que se abre y llamando a intensificar la movilización popular para lograr que ese principio sea respetado.

En este sentido lo clave seguirá siendo el esfuerzo por mantener viva la movilización popular para exigir que dejemos definitivamente atrás todo el legado de la dictadura y avancemos a paso firme en una real democratización del país. Una movilización popular en demanda de un pleno reconocimiento de los intereses, derechos y aspiraciones del pueblo trabajador y también de la soberanía de la nación, tan gravemente dañada a partir del golpe de 1973.

Si a pesar de ello no se lograse impedir luego que los miembros del órgano constituyente sean electos de acuerdo a la actual ley de partidos políticos, habrá que exigir que quienes postulen a ese organismo se comprometan a desconocer las amarras antidemocráticas con que el duopolio ha pretendido anular el carácter soberano del mismo y, como representantes de la voluntad popular, a adoptar por simple mayoría todos sus acuerdos.

Además de legítimo, este proceder no sería en modo alguno algo inédito en la historia. Solo replicaría, a su modo, lo obrado en la Francia de 1789 cuando los representantes del estado llano, actuando en nombre de la nación, se niegan a aceptar las reglas que en defensa de sus privilegios pretendían imponer la monarquía, la nobleza y el alto clero, y deciden convertirse en Asamblea Nacional Constituyente, abriendo así las puertas a la revolución.

Hay que considerar que la batalla política planteada está lejos de estar resuelta en uno u otro sentido. Los sectores reaccionarios, que se empeñan en deslegitimar la protesta social, centran su discurso en la «condena de la violencia» atribuida a los manifestantes y en el anhelo de muchos de ver restablecido «el orden y la normalidad», buscando dejar instalada la idea de que lo democrático es la búsqueda de grandes acuerdos cupulares.

Para contrarrestar ese discurso, junto con denunciar y rechazar la brutal y desquiciada violencia policial, la izquierda debe rechazar también claramente los saqueos y quemas de iglesias, buses y trenes, acciones que, desprovistas de justificación política, inevitablemente generan un espontáneo y generalizado rechazo en la población, siendo utilizadas de buena gana por el poder burgués para justificar una intensificación de sus acciones represivas.

Se hace hoy más necesario que nunca unir a todas las fuerzas del pueblo en una lucha multifacética y permanente por la democratización real y profunda de la sociedad en todos los planos, unidad que solo puede y debe darse sobre la base del reconocimiento pleno e irrestricto de la soberanía popular como único fundamento posible de un sistema político efectivamente democrático. La voluntad soberana del pueblo es la que debe imperar.

Es allí, en la reivindicación clara, decidida y consecuente del principio de la soberanía popular, fuente de toda legitimidad democrática, donde las fuerzas que se reclaman de la izquierda necesitan centrar todo su discurso a fin de abrir un cauce progresivo a la movilización popular actualmente en curso. Y para ello necesitan también utilizar todas las tribunas y disputar todos los espacios, sin ceder ni un solo milímetro a las fuerzas de la reacción.


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