Publicado en línea el Viernes 28 de febrero de 2020, por agustin

20minutos

Soledad Montero

La Semana Europea de la pobreza energética conmemora la tercera y última de las oleadas de frío extremo que en 1956 sufrió Europa, convirtiendo ese invierno en el más duro desde que existen registros.

El documento “Estrategia Nacional contra la pobreza energética 2019 – 2024 ”, aprobado por el Consejo de Ministros en abril de 2019 es, por fin, un reconocimiento “oficial” del problema y esperamos que una herramienta para combatirla.

https://cdnb.20m.es/sites/147/2020/... <https://cdnb.20m.es/sites/147/2020/...>

En él se reconoce que –el objetivo de la política energética es conseguir un nuevo modelo energético sostenible y totalmente descarbonizado, dirigido al consumidor y en el que se configure el acceso a la energía como un derecho del ciudadano. La estrategia integra las políticas públicas necesarias para garantizar el ejercicio efectivo de ese derecho de todos los ciudadanos a la energía-, haciendo referencia a que el objetivo nº 7 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es – asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos-. Y no sólo eso, sino que para no dejar a nadie atrás, se señalan otras metas de los ODS, como son:

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El documento es importante porque, por primera vez, se define oficialmente en España la pobreza energética y se hace así: “la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía.”

Sin embargo, en otro párrafo del documento se indica que: “la pobreza energética supone una manifestación más del fenómeno general de la pobreza y la exclusión social”.

Sobre esta afirmación no podemos estar de acuerdo, porque en muchos casos no es así. La pobreza energética es un fenómeno en sí mismo al que se llega debido a la desigualdad que rige nuestra sociedad, entendiendo que es una tremenda paradoja encontrar situaciones como que una persona pueda estar realizando un trabajo de jornada completa remunerado económicamente y que, aun así, esa remuneración no le permita cubrir sus necesidades básicas como ser humano integrado en la sociedad actual: vivienda, agua, energía, alimentación, salud, comunicación, formación y educación.

Por tanto, consideramos que definirla como una consecuencia de la escasez de recursos económicos del ciudadano es trasladar el problema social al individuo. Fragmentar el problema global en situaciones individuales disuelve la gravedad del fenómeno.

La pobreza energética, no nos cansamos de decirlo, se produce por tres problemas principalmente: Rentas bajas. Una remuneración salarial que no permite cubrir tus necesidades básicas para una vida digna. Alto precio de la energía. El aumento de los precios de la electricidad se produce porque el funcionamiento del sistema eléctrico considera la energía como un producto de mercado y no como un derecho. Mala calidad de la edificación. A causa de no haberse tenido en cuenta en la construcción de viviendas la eficiencia energética y el aislamiento térmico. Actualmente no se incentiva la rehabilitación energética porque el despilfarro de energía se traduce en beneficio económico para grandes empresas, además de ser un ingreso económico importante, por cuantía y periodicidad, para las administraciones públicas (IVA del 21% e Impuesto sobre la electricidad del 5,11%).

Una de las grandes dificultades para la valoración de la pobreza energética se encuentra en que diferentes indicadores nos llevan a distintos resultados; así, el documento cifra en una horquilla de entre 3,5 y 8,1 millones de personas afectadas por pobreza energética en España.

Sin embargo, los datos no se corresponden con la realidad: la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social indican que la pobreza afecta a un 22,3% de la población, o lo que es lo mismo, a 10.382.000 personas, y la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del año 2018 del INE dice que el 21,5% de la población vive por debajo del umbral de riesgo de pobreza, es decir, casi 10 millones de personas.

El bono social, única herramienta actualmente en funcionamiento para combatir la pobreza energética, lo único que ha logrado, con la entrada en vigor de las nuevas condiciones, de aplicación desde el 1 de enero de 2019, es reducir el número de beneficiarios, pasando de 2,3 millones en 2017 a 1,1 millones en el momento actual.

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Por todo ello, nos parece un documento poco ambicioso, además de que deja fuera a una parte de la población a la que, por su situación irregular, no se está llegando y que parecen invisibles ante la administración pero, que no los veamos no va a resolver el problema ni los hará desaparecer.

¿Qué medidas creemos que no contempla el documento? OPTIMIZAR LAS FACTURAS, para no pagar por encima de nuestras necesidades, ajustando el término de potencia a la demanda real y el tipo de tarifa a nuestros horarios y hábitos de consumo. Esto debería hacerse por parte de las distribuidoras, ya que están en posesión de nuestros datos de consumo y, desde luego, de manera obligatoria, a los clientes que tengan el bono social concedido. REDUCCIÓN DEL TIPO DE IVA aplicado a los beneficiarios del bono social (del 21% de IVA de lujo al 4% de IVA reducido). CONCESIÓN AUTOMÁTICA DEL BONO SOCIAL sin necesidad de realizar petición por el usuario ni entrega de documentación, sino cruzando datos de la Agencia Tributaria, de la Seguridad Social y de los Servicios Sociales (aunque esta automatización sí aparece contemplada en el documento). CREAR UNA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO para consultas sobre temas energéticos (dudas en las facturas, medidas de eficiencia, información sobre autoconsumo, etc.). Estas oficinas se pueden gestionar a través de las instituciones o agencias que se encargan de la energía y la eficiencia en cada Comunidad Autónoma, como la Agencia Andaluza de la Energía, Fenercom en Madrid, el Instituto Catalán de la Energía, el EVE (Ente Vasco de la Energía), AVEN (Agencia Valenciana de la Energía), etc.

Teniendo en consideración el principio de solidaridad como adalid y pilar fundamental de la democracia, entendiendo que el suministro de energía, a día de hoy, debería ser declarado un derecho ciudadano, como servicio básico y considerado un bien público, la parte del recibo que no corresponde al consumo de energía propiamente dicho, sino que se destina a pagar de manera solidaria entre todos los consumidores el sostenimiento del sistema, debería ser abonada de forma alícuota en relación a la renta y otras circunstancias del consumidor, de la misma forma que se hace con el pago de impuestos. Esto contribuiría a una mayor justicia social y al fomento del consumo responsable.

Debemos recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que las condiciones de nuestras viviendas influyen directamente en nuestra salud y que las malas condiciones de habitabilidad exponen a las personas a riesgos en su salud respiratoria como asma, alergias, infecciones respiratorias, problemas cardiovasculares o riesgo de infarto, ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental relacionados con el estrés y la falta de luz. Esto vuelve a evidenciar las injustas desigualdades sociales en las que vivimos, que permiten que se dé una relación directa entre nuestro nivel económico y nuestra salud y esperanza de vida.


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