Publicado en línea el Sábado 29 de febrero de 2020, por agustin

RICARDO GARCÍA ZALDÍVAR

PLATAFORMA POR LA JUSTICIA FISCAL Y ATTAC

elsalto

La popularmente conocida como Tasa Tobin es una propuesta con una ya larga andadura y que se encuentra en el origen de la creación de la organización internacional Attac hace más de 20 años. Durante todos estos años, Attac, primero en solitario y después junto a otras organizaciones sociales y políticas, ha movilizado a la ciudadanía para exigir un impuesto a las transacciones financieras (ITF) que grave la compraventa de activos financieros. No se trata, como a veces se dice, de introducir un impuesto a la banca (que ya está amenazando con repercutirlo en los usuarios) sino de penalizar unas operaciones financieras que han crecido de forma exponencial desde el comienzo de la globalización neoliberal. Afectaría exclusivamente a quienes realizan frecuentes operaciones en los mercados bursátiles y especialmente a quienes mueven enormes volúmenes de dinero buscando altas rentabilidades. No es tampoco un impuesto al patrimonio financiero ni a los beneficios del capital ya que no grava los rendimientos financieros. No es sino un impuesto indirecto pensado para dificultar las enormes y crecientes operaciones especulativas en los mercados financieros.

El ITF que ahora se tramita está muy lejos de la propuesta que Attac lleva defendiendo desde hace dos décadas. Así, la propuesta de impuesto aprobada por el Gobierno no contempla como hecho imponible las transacciones de divisas -que mueven diariamente 6,6 billones de dólares en el mundo y que según el Banco de España han crecido un 25% entre 2016 y 2019 en nuestro país-, ni determinados mecanismos de ese gigantesco mercado descontrolado que es el de los contratos derivados, ni tampoco grava las operaciones de alta frecuencia (HFT), cuando ya la mayoría de las transacciones financieras bursátiles se realizan a través de sistemas electrónicos automatizados conectados en red, que provocan una elevada volatilidad de los mercados financieros y favorecen la aparición repentina de crack y crisis bursátiles.

El ITF que se propone tramitar el Gobierno puede ser considerado como una propuesta de mínimos que, realizada con el visto bueno de Bruselas, persigue básicamente incrementar la recaudación de las arcas estatales y rebajar los niveles de déficit público. El propio gobierno ha calculado que el ITF podría incrementar en 850 millones de euros anuales lo recaudado por el Estado y en 1.200 millones la tasa Google. Se trata por supuesto de estimaciones por lo que sería ocioso entrar ahora en el debate de si son más o menos ajustadas a la realidad: una vez aplicados ambos impuestos se podrá saber cuál es su verdadero potencial recaudatorio.

Porque el acierto de la inclusión del ITF como nueva figura impositiva no depende solo de su capacidad de obtener ingresos públicos sino de su potencial para arrojar granos de arena en los engrasados mecanismos de los mercados especulativos de activos financieros, en palabras del economista James Tobin cuando lanzó su propuesta en los años 70. Tiempo habrá, una vez introducido el impuesto de ajustar su alcance y su eficacia en años sucesivos.

Por ello, la valoración de la iniciativa del gobierno que se puede hacer apenas iniciada la tramitación parlamentaria del ITF no puede ser sino positiva pues por fin la ciudadanía va a ver un compromiso público formal para que la compraventa de activos financieros pague un impuesto, como lo hace la adquisición de viviendas, de terrenos o de cualquier otro bien. ¿Por qué los activos financieros han de mantener ese privilegio?


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