Publicado en línea el Jueves 19 de marzo de 2020, por agustin

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MIREN ETXEZARRETA Doctora en economía y economista crítica

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El ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo. EFE/Juan Carlos Hidalgo

El señor Escrivá, antiguo presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), nombrado en el Gobierno actual del Sr. Sanchez Ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, ha dejado ver algunos de los planes que tiene para las pensiones públicas. No se han plasmado todavía en leyes concretas pero es hacia donde quiere dirigir la acción de su Ministerio. Y la verdad es que da bastante miedo pues, continuando en las líneas de sus planteamientos anteriores, consisten en un ataque muy refinado para debilitarlas en varios aspectos y orientarlas hacia un modelo donde las pensiones privadas sean dominantes, en línea con las orientaciones del Banco Mundial.

Es un planteamiento muy hábil. Como buen comunicador, da primero las buenas noticias: Afirma que las pensiones públicas son viables y que se actualizarán automáticamente con el IPC, medidas por las que los pensionistas de este país llevan años luchando y que no dejan de ser triunfos de estas luchas. Señala, también, que hay que descargar a la Seguridad Social de gastos “impropios” que no le corresponden, como pensiones no contributivas, políticas activas de empleo (¿las tarifas planas para incentivar el empleo?), costes administrativos de la S.S. y algunos otros que debieran pasar a los Presupuestos del Estado; medidas absolutamente lógicas para cualquiera que se preocupe por las pensiones y ya recomendadas previamente por bastantes autores. Medidas positivas, sin duda.

Una vez convencidos los pensionistas de la bondad de la posición del Ministro, pasa después a plantear medidas mucho menos favorables para ellos, como el incentivar la elevación voluntaria de la edad efectiva de retiro y desincentivar las prejubilaciones anticipadas. Es decir, sin incurrir en el ‘problema’ político de presentar leyes de aumento de la edad de la jubilación que lo exijan y que ya se han demostrado fuertemente impopulares. ¿Qué medios piensa utilizar para ello? Porque no precisa la repercusión que dichos ‘incentivos’ tendrán en el presupuesto, bien de la S.S. bien en el General del Estado.

Con este objetivo ignora, primero, que las prejubilaciones anticipadas han sido un importante elemento de gestión en muchos EREs que han hecho posibles sin grandes conflictos sociales cierres parciales o totales de empresas, favoreciendo de paso los intereses empresariales. Segundo, pretende proporcionar mejoras a los trabajadores que voluntariamente alarguen su vida laboral, aspecto ya posible en muchos empleos de la administración pública del que se está haciendo amplio uso, potenciando así una discriminación entre los pensionistas. Pero se establece una normativa general sin distinguir entre sectores de tareas más o menos penosas que debieran tenerse en cuenta para los posibles jubilados, especialmente si van a ser ‘incentivadas’. Además, tampoco se considera que en el ámbito privado son precisamente las empresas las que incitan de facto la jubilación de los trabajadores antes de la edad normativa de jubilación (las jubilaciones de la banca serían el ejemplo más obvio pero en muchas otras empresas se actúa de forma similar), siendo, además, ampliamente conocida la dificultad de lograr un empleo para personas mayores de 45 años. Es decir, por un lado, se pretende alargar la edad de jubilación real, y, por otro lado, se permite que las empresas estimulen la jubilación de trabajadores antes de la edad legal y no se hace gran cosa para incitar la contratación de trabajadores en su madurez (sólo alguna ligera subvención a sus cuotas de SS). Y ello en un país cuya tasa de paro, y especialmente la de paro juvenil, es todavía muy elevada. ¿Tienen aseguradas las fuentes de nuevos empleos necesarias si se alarga la edad de jubilación?

Obsérvese la sutileza de estas propuestas: incentivemos que sean los propios trabajadores quienes alarguen su periodo laboral, sobrepasando los actuales 64,4 años de edad media real de jubilación. Muy próxima a la edad límite de 65 años de antes de la reforma de 2011, y tan alejada de la de Francia que es todavía de 60 años y donde las reformas actuales, tan contestadas por la población, quieren elevar a 62 años. Todo ello, voluntariamente, con incentivos, sin necesidad de emitir legislación alguna que pueda dar lugar a protestas.

Pero donde se aprecia en toda su extensión la voluntad de fondo de las reformas es en el doble anuncio de que disminuirán las ventajas fiscales para los planes privados individuales para incentivar los planes privados de pensiones para las empresas: “Queremos ir desplazando la fiscalidad favorable de los planes individuales (privados, hay que añadir), a los planes de empleo (también privados. Cursivas añadidas). Es decir, vean lo bien que lo estamos haciendo: ‘desplazaremos’ las desgravaciones fiscales de las pensiones privadas individuales, aspecto que ha sido ampliamente solicitado por todos los defensores de las pensiones públicas, para trasladarlas a los planes privados empresariales que prácticamente dirigen parte del ahorro de los trabajadores directamente a las pensiones privadas establecidas por las empresas (o por convenio). Es un golpe maestro: como somos muy sociales, y accedemos a su petición de que no haya desgravaciones fiscales para las pensiones privadas individuales, se las ofrecemos para los planes de empleo colectivos, en los que los trabajadores difícilmente pueden optar por no integrarse. ¡Ven que bien¡ Así privatizamos las pensiones de golpe sin necesidad de que las personas hagan sus propios planes privados.

Es una cuchillada por la espalda a las pensiones públicas. Se vista como se vista esta propuesta va dirigida directamente a aumentar la privatización de las pensiones. Y, ‘casualidad’, va en la línea de las propuestas del Banco Mundial[1] que pretende que disminuya la parte de gestión pública de las cotizaciones de las pensiones (pilar contributivo público), para que se amplíe con una parte obligatoria de pensiones en manos de los entes financieros privados (pilar contributivo obligatorio privado). Si una parte de los aumentos salariales se dirige directa y obligatoriamente a un fondo de pensiones privado se está forzando esta privatización e incitando a que las pensiones privadas se conviertan en un elemento permanente de la estructura salarial para todos los trabajadores. Y, por supuesto, dificultará el pedir un aumento de las pensiones públicas al existir otra fuente de mejora de las mismas, que, hasta se puede argumentar, está más relacionada con el esfuerzo realizado por los trabajadores en su propia empresa. Interesante intento de que se acepte la privatización de las pensiones también sin protestas.

Porque es de temer que los representantes de los trabajadores más conocidos (CCOO y UGT) no se opongan con energía a esta propuesta, dado que ya han firmado antes acuerdos laborales que las integraban (para funcionarios sobre todo). Es conocida la tendencia de algunos sindicatos a aprobar con facilidad ciertas propuestas cuando se les consulta acerca de las mismas y, más todavía, cuando de ellas pueden desprenderse valiosas recompensas para sus instituciones, convirtiéndose así en cómplices de iniciativas muy dudosas para el bienestar de los trabajadores.

Un intento de lograr sus objetivos sin que produzcan malestar social y sin que se reaccione contra las mismas. El Sr. Escrivá, y el Gobierno al que pertenece, si mantienen estas propuestas, están tratando de meter un gol en la portería laboral, por medio de un hábil dribling de combinar algunas mejoras con importantes planteamientos negativos. Esperemos que, como hasta ahora, los pensionistas españoles no se dejen engañar por las apariencias, y consigan detener un ataque tan duro y tan sutil.

[1] R. Holzman y R. Hinz. Soporte del ingreso económico en la vejez en el siglo XXI. Banco Mundial, 2005


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