Publicado en línea el Martes 29 de marzo de 2016, por ANRed - Sur (redaccion@anred.org)


La Barrick Gold fue multada por una cifra millonaria, se ordenaron nuevos muestreos para determinar los alcances de la contaminación y se confirmaron al menos tres derrames previos en la zona. Sobre estas novedades dialogamos con Milena Olivares, integrante de la Asamblea Jáchal No Se Toca, quien a su vez contó cómo sigue la vida cotidiana en la región. Por La Retaguardia

“Hace 6 meses se produjo el derrame en la mina Veladero, del que nos enteramos por mensaje de texto; a las pocas horas se presentaron dos amparos en la justicia local y también una denuncia penal. En tramitación de eso se produjeron algunas medidas judiciales, se paralizó la mina por 5 días, se ordenó al municipio entregar agua envasada, y a la vez el fiscal federal Ramiro González presentó ante la justicia federal una suerte de amparo y eso se está tramitando ante el juez (Sebastián) Casanello. Las últimas novedades son que en la justicia local, en el fuero ordinario de San Juan, se impuso el procesamiento de 9 operarios de la mina, todos de segundo rango, no hay primeros funcionarios de la minera ni de la empresa que opera varias minas, entre ellas Veladero”, relató Milena Olivares, integrante de la Asamblea Jáchal No Se Toca, en diálogo con La Retaguardia.

Sin embargo, no fueron las únicas novedades:“a la vez se conoció hace unos días una multa que ha impuesto la Secretaría de Minería de San Juan a la empresa Barrick Gold de 145 millones de pesos, también por un sumario administrativo que se había iniciado poco después del derrame. El juez Casanello también ha arbitrado algunas medidas, ha recibido a la querella hace poco, miembros de la Asamblea, y en función de eso ordenó a la provincia repartir agua y alimentos no contaminados en toda la región de Jáchal e Iglesia, es decir en toda la zona de influencia de la mina, medida que hasta el momento no ha sido acatada por el gobierno provincial; también ordenó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) que realice un control de salud de los pobladores; entendemos que esta medida se está tramitando para ser puesta en marcha pronto; a la vez se le ordenó a la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) hacer un nuevo análisis y muestreos. El juez de Jáchal también ha ordenado algunos rastreos que se vienen haciendo muy lentamente por cuestiones burocráticas, pero lo más sustancial del último fallo de (Pablo) Oritja es que ha habido tres derrames anteriores al del 13 de setiembre que dan cuenta que desde 2011, en que se produjo el primero. Hasta la fecha la Secretaría de Medio Ambiente y la de Minería tenían conocimiento de estas fallas en el sistema tanto de lixiviación como de toda la estructura de la mina y no han arbitrado las medidas, así que uno de los asambleístas que en este momento está ocupando el cargo de concejal ha denunciado penalmente a los funcionarios tanto provinciales como municipales, que se encontraban en ese momento en cumplimiento de las funciones, justamente por falta de cumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. A 6 meses digamos que es todo muy lento, las medidas se están dando muy lentas porque estamos consumiendo agua de dudosa sanidad y ahora a partir de este último fallo sabemos que hace más de 5 años que pueden haberse producido muchos derrames no declarados”, agregó la asambleísta.

El derrame en la vida cotidiana

Respecto a las consecuencias de estos derrames en la población, Olivares aseveró: “es durísimo, hay un alto porcentaje de la población que sufre de cáncer, también hay mucha leucemia, no se conocían las razones pero a partir de la explotación minera se acentúa mucho más el porcentaje, entonces podemos deducir que el derrame está afectando la salud de las personas”.

Según explicó Olivares, el Río Jáchal se forma con los ríos Las Taguas y Blanco, que tienen nacientes en el departamento de Iglesia: “una vez que ingresa ese caudal de agua a nuestro departamento toma el nombre de Río Jáchal, y abastece fundamentalmente a la zona agrícola, se utiliza para regar y alimentar a los animales. Una parte de ese caudal se mezcla con un pozo de agua que se encuentra en nuestro departamento y termina en la red domiciliaria, luego de la potabilización. De modo que no solamente el riesgo es para el consumo humano, sino también para el agua que se utiliza para regar la producción que termina siendo consumida en el departamento. El riesgo no es solamente al tomar el agua de la canilla sino también al consumir los alimentos y es la mayor preocupación que tenemos. De hecho, Casanello también ha mandado a analizar las verduras y frutas para ver en qué estado están porque tenemos algunos estudios que indican que no están en buen estado, se puede encontrar hasta plomo, aluminio y otros elementos que no deberían estar. La mayoría de la población no tiene para comprar agua, el municipio no se hace cargo tampoco, por lo que la situación es bastante compleja, también ha cambiado la vida en ese sentido, en la economía del pueblo, se siente y se ve”.
La Asamblea Jáchal No Se Toca se conformó el año pasado ante la posibilidad concreta de la instalación de una empresa que buscaba explotar uranio: “manifestamos nuestra oposición y por suerte obtuvimos la suspensión del permiso, pero a raíz del derrame de setiembre pasado la Asamblea tomó mucho protagonismo en el pueblo y la gente acompaña y también es parte de la asamblea en la masividad, un gran porcentaje de la población está comprometido e informada, pero se nos está haciendo difícil por todas las consecuencias que trae esta explotación tan criminal y tan en contra de los principios mínimos de la vida, de la salud de las personas”, expresó Olivares.

El 21 de octubre la Asamblea instaló una carpa frente a la Municipalidad de Jáchal que se mantiene y en la que se ofrece información de manera permanente: “la adhesión de la población es casi unánime, pero hay mucho miedo, mucho temor, hay gente de muy escasos recursos que no puede comprar el agua entonces la presión hacia los funcionarios es mayor y estamos trabajando mucho todo esto pero no estamos siendo escuchados. Nosotros queremos principalmente el cierre de la mina, la remediación del río y la prohibición de la megaminería con uso de sustancias tóxicas a cielo abierto, respetar la ley de glaciares”, señaló la asambleísta, quien contó que el fin de semana anterior había estado presente en la plaza del pueblo el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman: “se comprometió a que este año se va a terminar de hacer el inventario que hace unos cuantos años está parado por falta de presupuesto; esperamos que en este 2016 se termine para poder aplicar finalmente la ley de glaciares que es una de las más importantes en cuanto al cuidado del medio ambiente porque es la que cuida los cursos de agua; para que esto ocurra tenemos que presionar, estar en las calles y estar atentos”.

En cuanto a otros encuentros con funcionarios locales y provinciales, Olivares afirmó: “ni bien terminaron las elecciones, las autoridades salientes y entrantes del municipio se reunieron con los vecinos, firmaron actas compromisos pero en realidad nunca las terminaron cumpliendo. Este fin de semana estuvo el gobernador de la provincia, Sergio Uñac, que vino por otras cuestiones, por las fiestas patronales del pueblo, y se cruzó unos minutos a la carpa y la gente estaba realmente muy indignada porque el abandono de las autoridades provinciales ha sido terrible. Lo hemos sufrido muchísimo porque en los primeros días, en las primeras horas, lo negaron todo y luego han pasado ya 6 meses y el gobernador saliente, (José Luis) Gioja, nunca apareció, y ahora apareció Uñac pero con su discurso de que la minería es política de Estado y que contra eso no hay nada que hacer. Sabemos que hubieron muchas políticas de Estado en la historia que no nos han beneficiado, entonces no se trata de que sea política de Estado o no, se trata de que sea bueno o no para la vida y salud de la gente. Y eso fue lo que le recriminamos”.

Los vecinos de Jáchal siguen organizados defendiendo su derecho al agua, a la vida. El fin de semana del 24 al 27 de marzo fueron sede del 26º Encuentro Nacional de la Unión de Asambleas Ciudadanas, en el que con la presencia de representantes de asambleas de todo el país se continuaron pensando y definiendo lineamientos de acción y difusión de las problemáticas ambientales que afecta a millones de argentinos directamente, y a otros tantos que creen que los afectados están solo en algunas provincias.


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