Publicado en línea el Lunes 3 de agosto de 2020, por Miguel Arróniz

El sistema nacional de salud (Ley 100/93), fue motivado y estructurado para convertir un derecho fundamental en un negocio, de alta rentabilidad en beneficio de particulares. Los poderes públicos y el marco jurídico han facilitado la satisfacción de esos objetivos. Las deficiencias y precariedad, en accesibilidad y calidad, desde el inicio, fueron evidentes. La institucionalidad estimuló la privatización de la oferta asistencial. Hubo improvisación y anarquía en la implementación del nuevo negocio. Hubo y hay diagnósticos acertados sobre causas de las deficiencias operativas y reguladoras del sistema, pero los gobiernos se han negado a corregirlas. Con más de 250 decretos reglamentarios de dos leyes reformatorias y una estatutaria (2.012), la situación es cada día peor. El ordenamiento legal en que se fundamenta, mantiene irresponsablemente todos los factores que hacen inviable el sistema de salud.

La Ley 1122/2.007, fue aprobada para mejorar la prestación de servicios al usuario. La Ley 1438/2.011, para fortalecer el sistema general de seguridad social en salud. Los resultados son totalmente contrarios al supuesto propósito de las leyes que lo rigen.

Con la ley 100/93, pretendían alcanzar cobertura total en el año 2000. En este año Colombia ocupaba el puesto 41, entre 191 países (OMS). Y en el 2013, el Sistema estaba colapsado y cooptado por la corrupción de toda índole, coadyuvada por la irresponsabilidad e impunidad institucional.

El sistema es inviable, por irresponsabilidad del Poder Público o sea, del Régimen político-económico vigente, caracterizado por el favoritismo sesgado en favor de unos pocos explotadores del negocio y la corrupción administrativa en EPS e IPS. Creció la Cobertura por afiliación, pero sin atención con calidad, ni oportunidad. La simple afiliación no garantiza buen servicio y protección de salud. El Sistema de Salud lo convirtieron en un negocio, entregado a habilidosos explotadores.

El Sistema puede salvarse manteniendo lo positivo de la Ley 100/93, mediante una ley que lo reestructure integralmente, bajo el criterio de que es un servicio para responder por un derecho fundamental y no un negocio para maximizar ganancias del sector privado.

La suma de los recursos financieros del sistema, proyectados para el presente año, supera el 7.6 del PIB ($76 billones AÑO). Suficientes para garantizar, bajo racional control del Estado, servicio en salud de calidad, a todos los colombianos.

La irresponsabilidad del Gobierno en el control y vigilancia del sistema lo ha hecho inviable y convertido en filón de los delincuentes de cuello blanco.

La apropiación ilegal de los dineros de la salud ha sido creciente. En el 2000, fue creado un Grupo Élite, en la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía, para recuperar los dineros perdidos de la salud (en ARS). Existen los fantasmas burocráticos de la CRES y Superintendencia Nacional de Salud, para vigilar y controlar los actores del sistema. Las investigaciones no arrojan resultados satisfactorios. La justicia esta corrompida hasta la médula. Los saqueadores del Sistema, gozan de total impunidad. Los gobiernos han sido defensores incondicionales de las EPS privadas. En particular los de Uribe Vélez, para acabar con las EPS públicas, hasta lograrlo. Uribe, señaló como causa de la crisis financiera del sector la irresponsabilidad médica por los abusos del «no POS» y criminalizó el ejercicio de la profesión, por recetar remedios demasiado costosos, que él mismo ordenó desregularles los precios.

Los gobiernos se han negado a hacer control y regulación efectivos de los precios de los medicamentos y de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Todos deben ser racionalmente regulados, dentro del ordenamiento legal.

Las EPS y ARS tenían definido el porcentaje que deben destinar a la atención en salud y a gastos de promoción y administración. No lo acataron. Se dedicaron a capitalizarse con esos dineros. Nadie hizo control oportuno. Los gobiernos, obsecuentes con la irresponsabilidad de la clase política y los objetivos del mercado, son los único responsable de la pésima calidad del servicio de salud y del caos administrativo, operativo y económico que ahoga al Sistema.

Investigaciones de hace un tiempo, indican que las EPS privadas, en 20 años, acrecentaron su patrimonio particular, privado, 177 veces.

La pandemia desnudó la precariedad del deficiente Sistema. 80% de sus trabajadores tienen vínculo por prestación de servicios, 48% tienen que adquirir por su cuenta los recursos logísticos de protección laboral y un alto porcentaje no recibe los decrecientes pagos de honorarios oportunamente, entre muchas otras falencias del Sistema.

La pandemia dio la oportunidad de desnudar, conocer y reconocer la precariedad del Sistema. El Gobierno y el Congreso, tienen la obligación de actuar para responder por toda la problemática del Sistema Nacional de Salud y de ordenar investigaciones sobre los responsables de toda la problemática relacionada con la salud y reestructurar todo el sistema. Los ciudadanos el derecho de exigirlo.

Sin eliminar totalmente el dominio del Sistema, del sector privado, cuyo objetivo exclusivo es la ganancia, no puede haber solución.

La justicia penal, fiscal y disciplinaria, debe actuar sumariamente. Las causas del problema no se eliminan con paños de agua tibia. Las sanciones penales y económicas a los responsables de los desfalcos y el caos administrativo, deben aplicarlas a funcionarios y empresarios del negocio de la salud, e incluir investigar el enriquecimiento ilícito, con exclusión definitiva de los responsables, del negocio de la salud.


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