Publicado en línea el Lunes 4 de abril de 2016, por ANRed - L (redaccion@anred.org)


Cómo afecta la construcción de countries a los barrios vecinos. La importancia de los humedales y la denuncia de vecinos que entienden que se está cometiendo un delito de lesa humanidad. Por La Revancha.

Hace tres años los habitantes de la ciudad de La Plata vieron cómo sus calles y casas no pudieron resistir los 400 milímetros que llovieron en solo cuatro horas. En total, 89 personas murieron después de las jornadas del 2 y 3 de abril de 2013 a causa de la invasión del agua. Comenzando por la inoperancia de funcionarios públicos y del ex gobernador Daniel Scioli, hasta la falta de construcción de obras hídricas que incluyó la falta de una planificación estratégica urbana, las causas fueron múltiples. Hubo otro factor, también, que incidió en que el desastre que vivieron los y las platenses haya tenido la proporción que registró: la destrucción de los humedales.

¿Qué son los humedales? Los científicos los describen como ecosistemas cuyas características se podrían asemejar al de una esponja, natural, capaz de absorber las crecidas de cursos agua y lluvias. “Generan microclimas y regulan las sequías, son corredores de biodiversidad”, agrega la geógrafa Patricia Pintos, especialista del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata.

Desde hace dos décadas, los humedales resultan afectados tanto sobre la costa del Río de la Plata como del río Luján. Y su destrucción no es azarosa: la expansión del negocio inmobiliario de barrios privados y countries en la provincia de Buenos Aires resultó un golpe a la preservación de estos sitios.

Las primeras consecuencias de este tratamiento del terreno caen sobre la biodiversidad presente en los humedales. “Se pierde la vegetación y la fauna autóctona que es desplazada por un medio urbano que nada tiene que ver con la naturaleza del lugar”, explica Pintos. Una vez dañado el medio ambiente, rellenados los humedales y construidas encima las casas de los nuevos barrios -seguramente con tentadoras amenities- los efectos de las lluvias se hacen sentir aunque no para las nuevos propietarios: una lluvia copiosa o la crecida de un río o arroyo bastará, en muchas ocasiones, para que quienes vivan al lado de un country o un barrio cerrado vean cómo el agua cierra sus calles y entra a sus casas. La razón: el agua, en vez de ser absorbida por un humedal, ahora baja hacia los barrios que no tienen la altura o los desagües para evitar la inundación.

Dice la geógrafa: “El aprovechamiento que hacen estas empresas desarrolladoras inmobiliarias no es muy diferente a lo que caracterizamos como el extractivismo minero o los agronegocios. Tiene connotaciones de un modelo de desarrollo económico de tipo extractivista, que lo que hace es vender, en este caso, naturaleza. Forma parte de la propuesta paisajística que venden las empresas desarrolladoras inmobiliarias que lo que hacen es colocarlo como una mercadería, pero sin hacer el debido cálculo de los perjuicios que esto tiene para el funcionamiento del sistema metropolitano”.

Estas palabras tal vez encuentren un buen ejemplo en el municipio de Tigre. Allí, hace tres semanas, el Fiscal Federal de San Isidro, Fernando Domínguez, le solicitó a la jueza Sandra Arroyo Salgado que paralice toda construcción que se esté desarrollando en los barrios cerrados y clubes privados en la planicie del río Luján y en el Delta del Paraná.

Para justificar su pedido, el fiscal federal de San Isidro consideró que está demostrado que la proliferación de esos emprendimientos afectan el medio ambiente y provocan “graves estragos” e “incalculables daños a la propiedad pública y privada”.

La medida forma parte de una causa iniciada por organizaciones sociales y vecinos de Tigre, quienes denunciaron la ilegalidad del emprendimiento inmobiliario Colony Park -un proyecto de country náutico en una isla del Delta-, y el daño ambiental que provocaba.

En la causa se destacó que las urbanizaciones sobre el río Luján generaron “un efecto acumulativo impidiendo el normal escurrimiento de las aguas”. Las organizaciones y vecinos, por su parte, denuncian que las construcciones no respetaron el proceso de evaluación de impacto ambiental previo a toda construcción. Además, fundamentan que la forma en que se llevan a cabo este tipo de emprendimientos constituyen un delito de Lesa Humanidad, porque sostienen que “todos estos actos de los que el Estado forma parte traen como consecuencia reiteradas inundaciones y destrucción de fuentes de agua dulce atentando gravemente contra la salud y la integridad física de millones de personas”.

Los habitantes que iniciaron la causa señalan que la responsabilidad es compartida entre el Estado y el sector privado.

“La construcción de barrios privados es desbordante en la cuenca del río Luján, es desbordante en cientos o miles de hectáreas, construidas sin estudio ambiental o permiso de los municipios”, dice Valentín Palma Callamullo, integrante Movimiento en Defensa de la Pacha.

Palma incluso menciona que algunos proyectos inmobiliarios son financiados con fondos del narcotráfico y que al final, el resultado es de hacinamiento para quienes no pueden vivir en los relucientes barrios. Otras consecuencias se ven, por ejemplo, en Punta Querandí, un espacio público y un sitio sagrado de una hectárea que conserva restos arqueológicos indígenas de mil años de antigüedad al que no se puede acceder por estar emplazado allí mismo el country San Benito. Otra zona afectada se ubica en la entrada de Villa La Ñata, en donde se encuentra el campo La Bellac, actualmente un pulmón verde y zona arqueológica. Allí, la firma Eidico SA vende lotes del futuro barrio privado Santa Ana.

“En Tigre, el 90 por ciento de la población tiene que vivir en lo que queda luego de que el 50 por ciento (del municipio) está ocupado por los countries y no sé qué porcentaje por la industria. Eso genera hacinamiento, la pérdida de cursos de agua, calles públicas“, sostiene el integrante del Movimiento en Defensa de la Pacha.

Pintos concluyó: “Lo que se está configurando es claramente una ciudad muy injusta. Hay situaciones de injusticia ambiental y territorial en pos de favorecer que se puedan construir barrios de este tipo en áreas frágiles que no tienen las condiciones naturales para la urbanización”.


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