Publicado en línea el Martes 5 de abril de 2016, por Martín Stoianovich - enREDando.org.ar

La madrugada del 1 de marzo del 2015, un vecino del barrio Luis Agote caminaba rumbo a la terminal de ómnibus de Rosario para buscar a familiares que llegaban desde Buenos Aires. A pocas cuadras de la terminal, dos hombres le quisieron robar y lo asesinaron. El dolor del barrio se hizo carne ese día, y el hecho renovó en los vecinos la urgente necesidad de reclamar a los gobiernos de turno medidas para evitar que se repitiera un episodio similar. Este episodio, según describieron los vecinos, fue el resultado fatal de una seguidilla de hechos delictivos que se sufrieron en la zona. Como consecuencia hubo movilizaciones en el barrio e incluso amenazas a los propios vecinos a través de carteles anónimos que iban quedando en distintos puntos del barrio. Todo bajo el ojo de grandes coberturas de los medios masivos de comunicación que hablaban de la ola de inseguridad.

Los vecinos comenzaron a juntarse semanalmente y llegaron a interpelar al gobierno provincial, que a través del Ministerio de Seguridad impulsó un plan preventivo en la zona. Se trató de un programa de trabajo que implicó operativos específicos de prevención al mando de distintas fuerzas de seguridad. “Desembocó en una drástica disminución del delito en el barrio, los hechos delictivos descendieron en un 80 %”, describen hoy los vecinos de Luis Agote. El plan preventivo que habían armado junto al entonces ministro de Seguridad Raúl Lamberto y su equipo fue temporal, quizás por la coyuntura electoral. Lo cierto es que concluyó con la asunción del nuevo gobierno provincial. Y el 2016 volvió a azotar a los vecinos con una seguidilla de hechos que trajeron de vuelta el temor y la necesidad de exigir respuestas. Después de un nuevo ida y vuelta, y otra vez con cimbronazos mediáticos logrado por los vecinos – cada vez más organizados – el nuevo ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, se comprometió a retomar el plan preventivo.

Los vecinos escribieron un documento dirigido a Pullaro, cuestionando “la desidia de las autoridades”.

“¿Es necesario que ocurra una desgracia para que nos escuchen?”, preguntaron en el documento.

Las desgracias en Rosario hace ya largo tiempo que son cotidianas. Más de doscientos muertes anuales en los últimos cuatro años. La mayoría de víctimas son jóvenes, varones y pertenecientes a los sectores populares de la ciudad. Allí, no hay planes preventivos contra la muerte. Tampoco hay planes contra la exclusión, contra el hambre, la falta de empleo y de salud.

“No pedimos militarizar el barrio, sino inteligencia y coordinación en el uso de los recursos disponibles. No pedimos represión sino prevención”, especificaron los vecinos en el documento.

Tampoco hay planes contra la represión: en 2015 hubo más muertes por el gatillo fácil de la policía que homicidios en ocasiones de robo.

“Las políticas de seguridad pública en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe son dinámicas porque el delito es dinámico, en toda la provincia y en todo el país. Vamos repensando permanentemente las políticas públicas en función de la construcción del mapa de calor que es el índice de delitos en algunas zonas que nos obligan a repensar y replantear permanentemente políticas públicas. Tomamos el compromiso, en función del aumento del delito en el barrio, de volver a llevar fuerzas y direcciones policiales especiales. Mayor participación de la Dirección de Infantería que depende de la Unidad Regional, pero también vamos a utilizar recursos de direcciones provinciales como la Policía de Acción Táctica, con mayor refuerzo de patrullaje”. Así describió el ministro Pullaro, en conversación con la radio LT8, el plan que tiene para trabajar en el barrio Luis Agote.

“Sepan que no aceptamos que el ministro Pullaro diga que dispuso un operativo especial para el barrio, de esos que terminan cuando se acaban los reclamos”, respondieron los vecinos.

¿Por qué se repite la historia?

El caso del barrio Luis Agote es el ejemplo de cómo las políticas impulsadas por los ministerios de Seguridad son respuestas temporales a demandas también temporales. Así, queda en evidencia que resulta imposible lograr solución a un problema estructural buscando intervenciones puntuales. En Rosario, el caso del barrio Luis Agote se replica en toda la ciudad.

Y Pullaro analiza: “Es importante que empecemos a diferenciar delitos de violencia porque parecería que es todo lo mismo y lamentablemente la violencia es una cuestión mucho más profunda que tenemos arraigada en la cultura nacional. Tenemos que trabajar para resolverlo, los índices de violencia son sumamente altos no solo en Rosario y en Santa Fe, sino en la República Argentina, y eso significa tener políticas de Estado en común para poder golpear fuertemente”.

¿Cuáles son las políticas de Estado de las que habla Pullaro y a la que los distintos gobiernos de turno han acostumbrado a la sociedad? ¿Es posible de esta manera terminar con los hechos delictivos y la violencia a la cual se refiere?

“Lo que el común de la población entiende por inseguridad es en términos vinculados al delito urbano menor, contra la propiedad y donde la principal preocupación es el desenlace fatal ante la situación de robo”, explica Ana Laura Pinto, politóloga integrante del Programa de Estudios Gubernamentalidad y Estado de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. “Las formas en la que se interviene respecto de lo que se llama inseguridad, no hace más que reproducir esa inseguridad. Hay que problematizar cómo se la piensa a esta cuestión, cómo se reflexiona sobre ella y qué forma de intervención habilita”, agrega. Así, abre el panorama a una problemática estructural que supera los acontecimientos de un barrio y un gobierno puntual.

“Hay que poner el foco en el lugar que ocupa el Estado. Las políticas de seguridad están pensadas para acallar la sensación de inseguridad, para reducirla, pero no están pensadas en términos de diagnósticos”, dice Pinto y explica que el Estado suele intervenir de dos maneras. Por un lado “en la vida cotidiana, apostando a reducir las oportunidades delictivas influyendo en la cotidianidad de la población, con alarmas comunitarias, cámaras de videovigilancia” y por otro lado con lo que llama “la línea punitiva”, es decir: penalizaciones, baja de edad de imputabilidad, creación de nuevas policías, operativos específicos en zonas puntuales.

En este sentido, sostiene que es necesario vincular a la problemática de la inseguridad – entendida en estos términos – con el neoliberalismo. “El neoliberalismo es una política activa de creación de instituciones, de lazos sociales y subjetividades bajo la lógica de la empresa. En este caso, cada uno se responsabiliza de su propia seguridad”, dice. Bajo este concepto, a pocos días de haberse cumplido dos años del aquel episodio, resuena el nombre de David Moreira, joven linchado y asesinado por una patota de vecinos luego de intentar robar una cartera. Un hecho marcado por la supremacía de la propiedad privada y el resguardo de lo individual por sobre la ley.

En esta línea, Luciana Ginga, integrante del mismo Programa de Estudios, agrega: “La insistencia en la inseguridad no es un efecto indeseado, sino que es un estímulo para generar competencia, que es el motor del neoliberalismo. La gente busca el auto asegurado y con alarma, la casa con cámara. Se genera un círculo de consumo y competencia”. “El delito, la violencia, la pobreza, no son aspectos disfuncionales de la democracia, sino que son dispositivos de gobiernos, partes necesarias”, explica Ginga.

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En la ciudad de los contrastes abundan rancheríos pobres en las periferias sin agua sin luz sin gas sin cloacas sin pavimento y sin la seguridad de tener un trabajo, una comida o un centro de salud con medicamentos. En la ciudad de los contrastes abundan edificios multimillonarios vacíos impuestos a merced de la especulación inmobiliaria. En la ciudad de los contrastes hay gente que no tiene laburo para salir a trabajar, hay gente que sale a trabajar con miedo, y hay gente que recauda ganancias desde los rincones en donde la ley prefiere no fijar su lupa. La ciudad de los contrastes – como el resto de ellas -responde al mundo de la desigualdad. Y en el mundo de la desigualdad, la seguridad es un negocio que funciona en su lógica: se es lo que se tiene, y lo que se tiene se compra, el que no tiene para comprarlo igual lo quiere y el que tiene también pagará para protegerse.

“Llevamos décadas pidiendo seguridad y sin embargo siempre se pide lo mismo y se sigue alimentando esta necesidad del sistema. El neoliberalismo necesita producir inseguridad”, concluye Pinto sobre este punto.

La cuestión policial y otra vez Luis Agote

En el caso puntual del barrio Luis Agote, las respuestas por parte del gobierno provincial siempre llegaron de la mano con operativos policiales y saturaciones temporales que disminuyeron los hechos delictivos por un tiempo y, tal como expresa Pinto, acallaron así la sensación de inseguridad con la que a diario conviven los vecinos. Cuando retiraron el plan preventivo los robos volvieron a ser frecuentes.

A lo largo de los últimos años Rosario se transformó en una ciudad con ejemplos de sobra para fundamentar la idea de que la policía es una institución corrompida y cómplice de todos los negocios clandestinos que, como fuerza de seguridad del Estado, dice combatir. En Rosario, la trata de personas y el narcotráfico se constituyen como problemáticas puntuales. Pero también existen otras situaciones atravesadas por el rol policial: zonas liberadas, jóvenes presionados y protegidos por la policía para recaudar para ellos a través del delito, o coimas a comerciantes asegurando una “seguridad” que de repente puede volverse frágil si no se cumple con la cuota mensual. Incluso achicando el mapa hay ejemplos que ponen el foco en el propio barrio Luis Agote.

– El crimen de Sandra Cabrera en el mismo barrio, en enero de 2004, muestra a la policía corrupta. Diego Parvluczyk, por entonces subjefe de la División Drogas Peligrosas de la Policía Federal fue señalado como el asesino de Cabrera, trabajadora sexual y militante sindical. El expediente de la causa habla de una relación entre estas dos personas atravesada por la complicidad en la venta minorista de droga. Pero, por sobre todo, Cabrera denunció constantemente el maltrato por parte de la policía hacia ella y sus compañeras por trabajar de forma independiente en las calles obstaculizando el trabajo de los prostíbulos clandestinos que negociaban con la policía. Sus compañeras aseguran que a Sandra la mataron por denunciar a la policía. Parvluczyk fue sobreseído y el crimen quedó impune.

– La Comisaría 7ma, con jurisdicción en el barrio Luis Agote, también estuvo en distintas oportunidades en el blanco de los cuestionamientos por casos de corrupción y violencia institucional. En 2008, el periodista Carlos del Frade presentó un informe en el que escuchas judiciales dejaban de manifiesto la vinculación del entonces personal de la 7ma con el negocio de la prostitución. La policía otorgaba certificados de extravío de documentos de identidad para adulterar la edad de las menores que eran llevadas a la zona de la terminal para ser sometidas a la prostitución. Más de diez años después, nuevos policías pero de la misma Comisaría se convirtieron en los principales sospechosos por la desaparición forzada y asesinato del joven Franco Casco. Días después de este hecho, curiosamente fue desmantelado un prostíbulo clandestino ubicado justo frente a la misma Comisaría.

“Parecen ser soluciones novedosas, pero viene desde hace años la idea de que se necesita a un policía cercano para tener confianza y acercarte a denunciar”, dice Ginga respecto de las frecuentes medidas en materia de Seguridad que apuntan a la creación de nuevas policías con la idea de generar nuevos y fortalecidos lazos con el ciudadano. “No se alcanza a ver la maquinaria de la institución que, para sobrevivir y ganar mejor, gestiona el delito”, agrega.

Por estos días, la policía santafesina atraviesa un nuevo cambio en su cúpula. Luis Bruschi, director de la Policía de Investigaciones, se convertirá en el nuevo jefe de la policía provincial luego de la reciente renuncia de Rafael Grau. Es el cuarto jefe que asume desde 2012, cuando fue corrido del cargo el entonces jefe Hugo Tognoli, hoy condenado a seis años de prisión por encubrimiento a un narcotraficante e incumplimiento de deberes de funcionario público, entre otros cargos.

“Para hablar de inseguridad hay que dejar de hablar de delito común, y pedir más policías es contraproducente. Se puede poner un parche, pero es solo eso. La institución policial es parte del problema, no es la solución”, concluye Ginga.


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