Publicado en línea el Miércoles 6 de abril de 2016, por Fiscales.gob.ar

4.04.2016

La empresa que explota “La Trochita” denunció que la medida impide llevar las máquinas al taller de reparación. La fiscalía federal señaló que el inicio de nuevas causas penales “sólo conllevaría a aumentar los niveles de conflictividad registrados entre las comunidades” que ocupan esas tierras, criterio que fue compartido por el juzgado federal de la jurisdicción.

La justicia federal de Esquel dispuso la conformación de una mesa de diálogo ante un conflicto en el que una población originaria reclama tierras ancestrales a la altura de Leleque, provincia de Chubut, y por el que la empresa a cargo de la explotación del ferrocarril “La Trochita” no puede realizar viajes ni llevar máquinas a reparar a la localidad de El Maitén. La propuesta fue elaborada por la Fiscalía en la que subroga Silvina Alejandra Ávila y compartida por el juez federal Guido Sebastián Otranto, quien en una resolución firmada el jueves 31 de marzo requirió también que se le de intervención al Centro de Prevención y Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

La Fiscalía Federal tomó intervención el 26 de febrero pasado, cuando el gerente del Viejo Expreso Patagónico La Trochita denunció que en el cruce de tierra a la altura de Leleque un grupo de personas le manifestó que, por su reclamo, el tramo ferroviario se encontraba cortado. La dependencia a cargo de Ávila entendió que los sucesos investigados “ocurren en el marco de una situación de conflicto protagonizado por un pueblo originario que reclama diversos predios, lo que se ha traducido en numerosas causas penales (tanto en la justicia provincial como en la federal) con una escalada de situaciones de violencia”, y que por ese motivo continuar judicializando los conflictos mediante la formación de nuevas causas “sólo conllevaría a aumentar los niveles de conflictividad registrados entre las comunidades”.

Ávila tuvo en consideración lo dispuesto por el artículo 8 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes -aprobado por la ley 24071-, según el cual “al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario… Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio”. Además, recordó que en virtud de ese convenio se creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y, a nivel provincial, la Dirección Nacional de Asuntos Indígenas, en la órbita de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales, que son los organismos “encargados de determinar los límites territoriales de las comunidades y definir y registrar su derecho de propiedad comunitaria”. En ese sentido, la ley 26160 estableció que, por un período que fue prorrogado hasta el año 2018, el INAI “debe realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y llevar adelante programas de regularización”.

El 11 de marzo, ya había sido suspendida una inspección prevista para el 13 de ese mes, “habida cuenta de los antecedentes de enfrentamiento físico en procedimientos encomendados el año pasado por la justicia provincial a la Policía del Chubut”, recordó por su parte el juez, quien compartió el criterio propuesto por la Fiscalía y convocó “a las autoridades del Viejo Expreso Patagónico La Trochita y al Lof [comunidad] en Resistencia del Departamento Cushamen a someter sus posiciones contrapuestas en torno a la circulación del servicio ferroviario por el sector Vuelta del Río, Leleque, Provincia del Chubut, a una instancia de resolución alternativa de conflictos”.


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