Publicado en línea el Martes 15 de septiembre de 2020

Las autoridades de Singapur deben detener de inmediato la ejecución inminente de un hombre que ha sido condenado a muerte en virtud de las draconianas leyes antidrogas del país. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. La familia de Syed Suhail bin Syed Zin, de 44 años, ha sido informada de que la ejecución está prevista para el viernes,18 de septiembre y de que, por tanto, deben ir organizando el funeral. Syed Suhail fue detenido en agosto de 2011. Posteriormente, lo declararon culpable de trafico de drogas, por estar en posesión de 38,84 gramos de diamorfina, y lo condenaron a muerte, tal como prescribe para esos casos la ley del país. Tanto el uso de la pena de muerte para delitos relacionados con drogas como la imposición de condenas a muerte preceptivas contravienen el derecho y las normas internacionales. “Las autoridades de Singapur deben detener de inmediato este cruel ahorcamiento. Singapur viola continuamente salvaguardias internacionales, al utilizar la pena de muerte para delitos relacionados con drogas, imponer condenas a muerte preceptivas y consagrar la presunción de culpabilidad”, ha declarado Chiara Sangiorgio, experta en pena de muerte de Amnistía Internacional. Singapur es uno de los cuatro únicos países en los que se tiene constancia de la consumación de ejecuciones por delitos de drogas durante los últimos años. La legislación antidrogas de Singapur, altamente represiva, no permite a los jueces considerar circunstancias atenuantes al dictar condena, tales como la drogodependencia u otras cuestiones pertinentes. La defensa de Syed Suhai arguyó ante el tribunal que el acusado era heroinómano, lo que parece fundamental para explicar su detención. “Las autoridades de Singapur siguen imponiendo este cruel castigo sin tener en cuenta que, en el caso de las drogas, son mucho más eficaces los planteamientos centrados en la salud y en la comunidad. El empleo profuso de leyes y políticas draconianas en Singapur no sólo ha fracasado a la hora de combatir el uso y la circulación de drogas, sino que no ha paliado en absoluto los daños provocados por éstas. Es preciso un cambio inmediato, empezando por la suspensión de la ejecución del viernes”, ha declarado Chiara Sangiorgio. A día de hoy, 106 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y más de dos tercios de los países del mundo son abolicionistas en la ley o la práctica. “Mientras el mundo va, poco a poco, relegando la pena de muerte a los libros de historia, Singapur sigue yendo contra corriente. Es hora de que el gobierno de Singapur establezca una moratoria de todas las ejecuciones, como primer paso imprescindible para la abolición.” Información complementaria El derecho y las normas internacionales prohíben la imposición preceptiva de la pena de muerte, ya que impide a los jueces tener en cuenta circunstancias atenuantes del caso. Además, el derecho y las normas internacionales exigen que el uso de la pena de muerte se limite a los “más graves delitos”, es decir, al homicidio intencional. Según la Ley de Empleo Indebido de Drogas de Singapur, se considera traficante a cualquier persona en posesión de más de dos gramos de diamorfina a menos que pueda demostrar lo contrario, lo cual contraviene el derecho a la presunción de inocencia. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.


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