Publicado en línea el Viernes 2 de octubre de 2020

En respuesta a la decisión de las autoridades de Bosnia y Herzegovina de ordenar el traslado forzoso de centenares de migrantes y solicitantes de asilo de un centro oficial de alojamiento, que ha dejado a más de 400 personas sin refugio ni asistencia básica, Jelena Sesar, investigadora de Amnistía Internacional sobre los Balcanes, ha manifestado: “La decisión de las autoridades bosnias, que ha dejado a centenares de personas vagando por las calles y por el campo en busca de refugio mientras un centro totalmente equipado permanece vacío, resulta increíble. “Ahora que empiezan a bajar las temperaturas, las autoridades deben tomar medidas para garantizar que las personas refugiadas y migrantes pueden afrontar el invierno, en vez de hacer política con sus vidas. No tomarlas no sólo es inhumano, sino que podría también tener consecuencias catastróficas. “La Comisión Europea debe trabajar en colaboración con las autoridades de Bosnia y Herzegovina para buscar con urgencia una solución y alojar y prestar asistencia humanitaria a las personas que se encuentran abandonadas a su suerte en el país. Los líderes y lideresas europeos no pueden decir “no más Morias” y, al mismo tiempo, hacer caso omiso de las situación desesperada de las personas que duermen al raso y privadas de agua, alimentos y atención médica en el umbral de la UE.” Información complementaria La policía especial bosnia vació el campo a últimas horas del miércoles y llevó en autobuses a sus ocupantes a las afueras del cantón de Una-Sana, donde quedaron abandonados a su suerte. Aunque algunas personas lograron encontrar alojamiento en Lipa, inadecuado centro de las proximidades donde el hacinamiento es peligroso, otras quedaron a la intemperie a pesar de las bajas temperaturas. Hay casi 3.000 migrantes y solicitantes de asilo durmiendo al raso en la zona. Hay alrededor de 10.000 personas migrantes y solicitantes de asilo atrapadas en Bosnia y Herzegovina, la gran mayoría en el cantón de Una-Sana. Aunque casi todas están alojadas en centros administrados por la ONU, alrededor de 3.000 se ven obligadas a dormir fuera de ellos, en edificios ocupados o abandonados o en la calle. En septiembre, las autoridades ordenaron cerrar dos grandes campos administrados por la Organización Internacional para las Migraciones y aprobaron radicales medidas, como la prohibición absoluta de nuevas llegadas al cantón. Además, a las personas migrantes y solicitantes de asilo se les prohíbe utilizar el transporte público y tomar taxis, así como congregarse en lugares públicos, y ahora está también prohibido proporcionarles alojamiento en viviendas de particulares.


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