Publicado en línea el Jueves 7 de abril de 2016, por Azkintuwe

En la oportunidad estuvo presente Lisette Melillán, esposa de Luis Tralcal Quidel –uno de los 11 mapuche detenidos la semana pasada por la PDI- quien expresó su repudio a la aprehensión de los comuneros y dijo que la Fiscalía se encontraba desesperada haciendo y desuso de todos los medios para probar la veracidad de su acusación. “Tenemos tres fiscales para una misma causa, lo que demuestra que la Fiscalía está desesperada porque su testigo clave se les cayó” dijo Melillán.

Consultada por los ataques a las iglesias, Melillán dijo que “las comunidades cada una determina que accionar les parece correcto. Si hay algunas comunidades que determina que atacar esos lugares es correcto nosotros respetamos esa postura más allá de que compartamos algunas otras opciones”. Sobre el por qué se ha hecho a la Iglesia objeto de atentados, Melillán dijo que “tiene que ver por la acción violenta que tuvo la Iglesia en el desalojo del Seminario San Fidel. Recordamos que ellos entregaron el seminario a la comunidad de forma pacífica y después los desalojan de forma violenta”.

Respecto a las iglesias evangélicas, la esposa de Luis Tralcal Quidel explicó que “hay muchas iglesias evangélicas que se oponen a que algunas comunidades celebren sus guillatunes”.

Lisette Melillán añadió que por el momento todas las apuestas están en los recursos de protección puestos por los defensores de los comuneros mapuche con la esperanza que se les vaya a revocar la prisión preventiva.

El Jefe de la Defensoría Penal Mapuche, Pablo Ardouin, junto a abogados particulares de los once detenidos buscan con la acción legal comprobar que existen ilegalidades en la detención y obtención del testimonio de José Peralino.

Según Ardouin, hay elementos para desacreditar la detención, entre ellos una versión posterior de un funcionario de la PDI que indica que hubo presiones para conseguir la declaración de José Peralino, el comunero mapuche que entregó los nombres de los otros 10 imputados vinculados al caso.

"Está la declaración de un funcionario policial da cuenta de hechos que fundamentan la ilegalidad sostenida por la defensa. Señala el acoso al que se sometió a esta persona, la extrema debilidad psíquica en que se encuentra y, creemos, el aprovechamiento que realiza la PDI de dicha situación para obtener una declaración ilegal", sostuvo Ardouin.


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