Publicado en línea el Jueves 22 de octubre de 2020

Ante la falta de publicidad de la audiencia celebrada esta mañana en el proceso judicial contra David Castillo, único acusado como autor intelectual del asesinato de la lideresa lenca y defensora ambientalista Berta Cáceres, Amnistía Internacional recuerda a las autoridades hondureñas su obligación de cumplir con las normas del debido proceso legal. Previo al inicio del debate oral y público, el 22 de octubre estaba programada una audiencia de examinación de diligencias en el proceso contra David Castillo, ex gerente de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. De acuerdo con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), del cual Berta Cáceres era la coordinadora general, no se habría garantizado el acceso remoto a la transmisión de la audiencia debido a la ausencia de agente técnicos, poniendo en riesgo la publicidad y transparencia del proceso penal. “Amnistía Internacional ha solicitado reiteradamente a las autoridades hondureñas que garanticen los derechos de acceso a la justicia, verdad y reparación de la familia de Berta Cáceres y de los integrantes del COPINH. En consideración de las restricciones de acceso a la sala relacionadas con la pandemia de COVID-19, las autoridades también deben tomar todas las medidas conducentes para garantizar que el proceso sea público y transparente a través del uso de medios remotos”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “En un país como Honduras, donde el peligro de muerte es constante para las personas defensoras de los derechos humanos relacionadas al territorio y del medioambiente y la impunidad casi absoluta, asegurar la publicidad del proceso judicial, incluyendo la presencia de periodistas y observadores, es fundamental para que la sociedad en su conjunto conozca la verdad de lo ocurrido con Berta Cáceres. El proceso judicial tiene que ser transparente”. El asesinato de Berta Cáceres, perpetrado hace cuatro años y medio, es uno de los crímenes más emblemáticos contra personas defensoras de derechos humanos, que ha conmovido la sociedad hondureña e internacional. Amnistía Internacional estará pendiente del respeto de las garantías del debido proceso legal de las partes durante el juicio, así como de la continuación de la investigación para la identificación de todas las personas involucradas en la planeación del asesinato.


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