Publicado en línea el Jueves 7 de abril de 2016, por Emma Martínez

(07 de abril, 2016. RevoluciónTRESPUNTOCERO).- “Por buscar a mi hermano sufrí violencia psicológica por parte de los Ministerios Públicos. Me decían ‘¡…mire ya para que le seguimos, su hermano ya ha de estar muerto, acabamos de encontrar unas fosas en San Fernando, lo más seguro es que ahí esté!’. Y luego en la Unidad de Búsqueda, el titular de la Unidad, me empieza a decir de un testigo protegido, lo que les habían dicho y qué era lo que les hacían… fue bastante cruel. Traté de no derrumbarme, de ser fuerte en ese momento, de no demostrar que me dolía y traté de pensar en otras cosas, pero en el momento en que estoy en mi casa, que estoy sola, pues si piensas muchas cosas.”María Antonia Melo Cadena

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“El Procurador de Justicia del Estado, Jesús Torres Chávez, nos recibió y nos empezó a entrevistar y nos dijo algo que nos molestó mucho: que si nuestro hijo en los días cercanos a su desaparición había tenido una conducta extraña, que si no tenía dinero de más, que si no se drogaba, que si no tomaba bebidas embriagantes, a lo cual nosotros respondimos ¡que no! e incluso su papá de Daniel le dijo que lo que tenía que hacer es investigar, dar con su paradero y si en la investigación resultaba algo de esas cosas o algo indebido que él hubiera cometido, que nosotros mismos lo entregaríamos para que la justicia hiciera su parte. Hasta ese momento no sabíamos que era “estigmatización”, la poca sensibilidad.” Diana Iris García.

Del 2000 al 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado 66 Medidas Cautelares a personas de 16 Estados de la República Mexicana. Mientras que en el 2015 promovió 11 a personas de 7 Estados de la República Mexicana (Sonora, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Chihuahua, Sinaloa y Veracruz). Así, durante el periodo del 2000 al 2015, 35 de las Medidas Cautelares han sido otorgadas para la protección de 94 mujeres.

En México las defensoras viven y han vivido la violencia de diferente manera, siendo de los principales agresores, las autoridades que están encargados de brindarles solución y acompañamiento en los casos de búsqueda de sus familiares.

Según el Informe de la Red Nacional de Organismo Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos y Todas, entre el periodo de 1974 a 2015, se considera que los años con mayor violencia fueron el 2014 con un 16.3%; 2009 y 2015 con un 11.6%; y el 2010 y 2013 con un 9.3. Así se refleja puntualmente la violencia contra las mujeres defensoras de Derechos Humanos en la República Mexicana, en el ámbito de su activismo social.

Una de las violencias más denunciadas ha sido la psicológica, calificada como “una de las más graves y recurrentes”. Los datos dan a conocer que en una encuesta realizada a las mujeres pertenecientes a la Red, a la pregunta sobre si han sufrido violencia por pertenecer a la organización, el 61% respondió afirmativamente, mientras que el 39% dijo que no. De quienes respondieron sí destaca que han sufrido violencia psicológica, el 44%, por hostigamiento el 35% por difamación el 29%, y amenazas otro 29%.

En cuanto a la Física, la han padecido el 21.2%; sexual el 5.8% y otras formas de violencia el 14%. De acuerdo a la encuesta realizada, el 23.1% ha referido que ha sufrido Violencia institucional, mientras que el 11.5% dijo haber sufrido otro tipo de violencia o varios. En tanto que el 5.8% ha sufrido violencia en la comunidad.

“Amenazas y atentados contra la vida. En mi caso al grado de enviar mensajes de violación sexual y muerte, uno de los mensajes fue ‘te vas a ver muy bonita en una bolsa de basura’. En un determinado periodo del movimiento de resistencia contra la minera las amenazas eran cada vez mayores y hacia todos y en todos los niveles, incluso en las redes sociales”. Ana Montserrat Cárdenas Rojas

“Las amenazas en contra de los defensores de Derechos Humanos son frecuentes, porque al exhibir las injusticias que padece un pueblo, una familia, un grupo vulnerable, se afectan intereses de gente poderosa, ya sea empresarios, políticos o delincuencia organizada.

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Pero son las mujeres quienes, como siempre, son las más afectadas, quienes padecen violencia física, psicológica y sexual, generalmente por los agentes policiacos u otras autoridades a las que recurren en busca de apoyo. Vivimos en un país donde organismos como la ONU pide a los encargados de brindar protección y que no maltraten a las víctimas. En México se ha producido un aumento alarmante de los ataques que es el mismo Estado quien solapa e invisibiliza dichas acciones”, asevera la derechohumanista Agustina Jaz, colaboradora para CAFRA.

Quien también afirma que gobierno y dependencias minimizan la gravedad de la problemática, aun habiendo ya feminicidios, así las mujeres enfrentan situaciones de inseguridad y represión, porque el Estado no protege a sus ciudadanos y mucho menos a sus ciudadanas.

Jaz comenta que en estos ataques hacia la mujer defensora de derechos humanos, en su búsqueda de justicia, se enfrenta también al crimen organizado y a otros actores no estatales, lo que provoca que la mujer activista se encuentre expuesta a amenazas constantes.

Ante la violencia e inseguridad, en México se han perpetrado 36 feminicidios de Defensoras de Derechos Humanos; el estado con mayor cantidad de casos es Guerrero con 8, seguido por Chihuahua con 7 y el Distrito federal con 5.

El informe señala que “los agresores son, en su mayoría, agentes del Estado con 23.1%. El tipo de violencia sufrida, que más destaca en un 21.2% es la intimidación gubernamental, un 11.5% intimidación por grupos de poder económico y el otro 11.5% por poderes fácticos.

Dentro de los otros agresores registrados se encuentran: grupos caciquiles con un 9.6%, intimidación paramilitar con un 7.7%, y grupos del narcotráfico con un 7.7%.

“Las intervenciones telefónicas las usan para crear psicosis de terror, conflictos con campañas de desprestigio y calumnias entre el grupo para desarticularnos y desmembrar a la organización, en un principio éramos 12 los integrantes y ahora solo quedamos 4, creen que quitándonos de la comunidad ellos tienen el camino libre para desarrollar sus proyectos de la minera. No quieren gente que les estorbe en sus planes y quienes apoyamos a la comunidad en resistencia pues les resultamos incómodos.” Esperanza Salazar Zenil

La activista también señala que, desde 2006, cuando las mujeres tuvieron que salir a exigir justicia, porque se intensificó el tejido social, por lo cual de una y otra manera se convirtieron en víctimas o familiares de víctima, las agresiones hacia ellas se intensificaron y años con año, las probabilidades de muerte por ser activista, aumenta.

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“Dicha violencia desmedida, es continua, por la ya constante ausencia de investigaciones efectivas y de justicia, pero por sobre todas las cosas, voluntad gubernamental”, señala.


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