Publicado en línea el Viernes 20 de noviembre de 2020

Las autoridades polacas están usando toda una serie de duras medidas para reprimir las protestas pacíficas contra la sentencia del Tribunal Constitucional que limita gravemente el acceso al aborto en Polonia. Amnistía Internacional ha documentado el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, que incluye el uso de pulverizadores de pimienta, la criminalización de quienes se manifiestan pacíficamente y la incitación a la violencia, por parte de las autoridades, contra las personas que protestan. Como síntoma de la escalada, el miércoles, mientras las personas que participaban en la Huelga de las Mujeres se congregaban pacíficamente frente al edificio de la televisión pública en Varsovia, la policía las acorraló junto con periodistas que cubrían el evento y usó pulverizadores de pimienta. “Ante una prohibición casi total del aborto, la ciudadanía de Polonia se ha movilizado de forma impresionante. Sin embargo, no satisfechas con violar sus derechos reproductivos, las autoridades han aprovechado esta oportunidad para reprimir también su derecho a protestar pacíficamente”, dijo Nils Muižnieks, director de Amnistía Internacional para Europa. “Mujeres de todas las edades, desde niñas hasta abuelas, se han unido a unas protestas en su abrumadora mayoría pacíficas para reclamar sus derechos”. Por tanto, nos horroriza el uso excesivo de la fuerza por la policía, las cargas desproporcionadas contra quienes protestan y los discursos de las autoridades que podrían animar a que se cometan más actos de violencia contra estas personas. "El miércoles y el jueves, la policía detuvo a decenas de personas que protestaban pacíficamente, entre ellas un joven de 17 años, que pasaron la noche detenidas por acudir a una pequeña manifestación pacífica de solidaridad". Draginja Nadazdin, directora de Amnistía Internacional Polonia “Pedimos a las autoridades polacas que pongan fin al uso excesivo de la fuerza por la policía y que retiren los desproporcionados cargos penales formulados contra personas que protestaban pacíficamente. El derecho a la libertad de reunión pacífica ha de ser protegido y se ha de poner fin al ataque contra los derechos sexuales y reproductivos”.


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