Publicado en línea el Sábado 21 de noviembre de 2020, por Miguel Arróniz

Una publicación reciente del diario El Espectador revela que el denominado “caso Santrich”, resulta siendo un asqueroso montaje del gobierno de los Estados Unidos a través de la DEA y la Fiscalía General de la Nación representada por Néstor Humberto Martínez Neira, para sabotear el acuerdo de paz de La Habana. La DEA y el fiscal general diseñaron un montaje judicial contra los negociadores del acuerdo de Paz, incluyendo personajes de importancia en el gobierno anterior, como es el caso del general Oscar Naranjo, quien fungía por esa época como vicepresidente de la República.

Martínez Neira le mintió al país y a la JEP al decir que no tenía pruebas en Colombia. Los 23 mil audios, sumando a otros miles que aún se ocultan, fueron interceptados por la propia fiscalía de Martínez y legalizados por jueces de garantías en Colombia. También mintió cuando dijo que esto era un asunto exclusivo de Santrich y que Iván Márquez podría estar tranquilo, cuando en realidad era uno de los objetivos, por eso su teléfono fue interceptado por orden del fiscal. Pero el objetivo principal del montaje era el general Naranjo y siguen en su orden Piedad Córdoba, Gustavo Petro, y otros nombres que saldrán a medida que se conozca el contenido de los audios de interceptaciones.

Aunque Martínez Neira en declaraciones del pasado 9 de noviembre lo niega rotundamente, se sabe que la fiscalía colombiana hizo una entrega controlada de droga con la DEA para crear una falsa prueba. Es decir, tenía pleno conocimiento del montaje y sus alcances: destruir el proceso de paz. El fiscal Martínez Neira más allá de una explicación al país, lo que debe es una comparecencia ante la justicia. No se puede violar la soberanía del país, transgredir la ley y sabotear un bien tan valioso como la paz y seguir posando de “gente de bien”.

Más allá de las evidencias judiciales que existen en el expediente, “hay muchas preguntas por resolver que empiezan por el mismo Marlon Marín”, como afirmó el ex-vicepresidente Óscar Naranjo. Estos 24 mil audios podrían resolver interrogantes como: ¿las alusiones a Naranjo fueron conversaciones distractoras? ¿A qué lógica corresponde incluir comentarios sobre un personaje de tan alta investidura? ¿Por qué, a pesar de que el norteamericano Schifano fue detenido en febrero de 2018, no se procedió de inmediato contra el resto de los cómplices?

Lo claro detrás del caso Santrich y lo sucedido con el exjefe guerrillero, que hoy es parte de las disidencias de las FARC, es que sí existió una operación encubierta de la DEA y la Fiscalía colombiana, y que los miles de audios que en su momento pidió y se le negaron a la JEP, habrían ayudado a descifrar la verdadera historia que hay detrás.

Convencidos de la necesidad de defender el acuerdo de paz surgido de La Habana, lideramos la campaña de “libertad a Santrich”, a consecuencia de lo cual hemos sido estigmatizados, señalados y perseguidos por propios y extraños. Creo que aún estamos a tiempo de enderezar el camino de la paz estable y duradera, que en nada se parece a la paz con legalidad del actual gobierno. Reivindicar el acuerdo de paz original pasa por defender las 16 CTEP, tierras y PDET, desmonte del paramilitarismo, reforma del sistema electoral, entre otros. También por cuenta de este complot, le deben una curul de Cámara al Acuerdo de Paz.


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