Publicado en línea el Martes 15 de diciembre de 2020

“Miembros del movimiento San Isidro —el grupo de artistas, miembros de la academia y otros intelectuales alternativos que atrajo la atención mundial al protagonizar una protesta poco habitual frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre—, así como periodistas independientes que cubrían su historia, están sometidos a aterradores niveles de vigilancia y podrían ser detenidos por la policía y funcionarios de seguridad del Estado si salen de su domicilio, lo que equivale a arresto domiciliario”, ha declarado hoy Amnistía Internacional. “El inquietante nivel de restricciones a las que se está sometiendo a activistas y periodistas independientes parece salido de una novela de Orwell que se desarrolla en las calles bordeadas de palmeras de La Habana. La presencia policial frente a sus domicilios y la amenaza constante de detención es tan implacable que los y las activistas están esencialmente encarcelados en sus propias casas”, dijo Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas. “La vigilancia y el hostigamiento que estamos presenciando son inaceptables según el derecho internacional, pues violan los derechos a la intimidad y, en muchos casos, constituyen privación de libertad o, como mínimo, una restricción ilegítima de la libertad de circulación. Continuaremos haciendo el seguimiento de la situación”. En un periodo de dos semanas, el equipo de investigación de Amnistía Internacional reunió testimonios de activistas que describen los detalles de la vigilancia policial que hay frente a sus casas, el riesgo de detención si tratan de salir y las restricciones impuestas a los lugares adonde sí pueden ir. El equipo de investigación y el proyecto Evidence Lab del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional analizaron y verificaron la ubicación de las fotografías y vídeos que documentan esta vigilancia frente a los domicilios de alrededor de 11 activistas, parte de los cuales viven con otros activistas. En la mayoría de los casos, las fotografías muestran uno o dos vehículos policiales estacionados en las esquinas próximas a las viviendas de los activistas. En otros casos, se ve en las fotos a personas vestidas de civil, que los activistas creen que pertenecen también a los servicios de seguridad del Estado, a menudo en motocicleta. En las fotos recibidas de activistas entre el 1 y el 13 de diciembre, el equipo de investigación de Amnistía Internacional observó 24 coches policiales diferentes. Varios activistas tuvieron al menos cinco vehículos policiales distintos estacionados frente a su casa durante ese mismo periodo. Anamely Ramos González y Luis Manuel Otero Alcántara, a quienes Amnistía Internacional nombró presa y preso de conciencia, respectivamente, tras el asalto a la sede de San Isidro en La Habana Vieja el 26 de noviembre, son sólo dos de los activistas que tienen vigilancia casi permanente frente a sus viviendas. Tras el asalto, Anamely Ramos González, como la mayoría del resto de activistas que estaban en la sede, fue llevada a su casa. Pero después de que tratara de volver a salir a primera hora del 27 de noviembre, fue detenida arbitrariamente, y vehículos alternos de la seguridad del Estado la condujeron por La Habana y sus alrededores durante más de 12 horas. Anamely dijo a Amnistía Internacional: que siempre había presentes cuatro funcionarios, casi siempre hombres. Finalmente fue puesta en libertad en una casa donde vive ahora con otra activista. El 11 de diciembre, Anamely dijo a Amnistía Internacional que sólo había podido salir de su casa una vez en más de 10 días. “Realmente es muy incomoda […]. Revisan a la gente que viene, les piden carnet [de identidad] […]. Los han revisado su bolsas […]. Se siente aislada”. En la ocasión en la que sí salió, para ir a la embajada de México, pudo hacerlo sólo con la autorización de los agentes de la seguridad del Estado que están permanentemente frente a su domicilio, tres de los cuales la llevaron hasta la sede de la delegación diplomática. Anamely, que cursa estudios de doctorado de Antropología en la Universidad Iberoamericana de México, cree que las autoridades le permitieron visitar la embajada porque les conviene que salga del país. Según Luis Manuel Otero Alcántara, voz destacada del movimiento San Isidro, tras el asalto del 26 de noviembre lo llevaron a un hospital, donde agentes de la seguridad del Estado lo vigilaron día y noche en la habitación. Luis Manuel dice que, desde el 2 de diciembre, al día siguiente de regresar a su casa, ha tenido vigilancia permanente en las esquinas de la calle frente a su domicilio. Dice que también han puesto una nueva cámara de seguridad enfocada directamente a la puerta de su casa. “La cámara se mueve conmigo —dijo a Amnistía Internacional—. Si salgo, me cogen preso […]. 80% de mis amigos están vigilados.” Según la información facilitada a Amnistía Internacional por el movimiento San Isidro y la información verificada por Amnistía Internacional, a 11 de diciembre, al menos seis activistas —entre quienes figuraban Anamely Ramos González, Omara Ruiz Urquiola, Maykel Castillo Pérez, Esteban Lázaro Rodríguez López, Niovel Alexander Tamayo y Osmel Adrián Rubió Santos— llevaban casi dos semanas bajo vigilancia semipermanente. Según el movimiento San Isidro y el material examinado por Amnistía Internacional, hay más activistas y periodistas independientes —entre quienes figuran Óscar Casanella, Héctor Luis Valdés Cocho, Katherine Bisquet, Camila Ramírez Lobón, Osmani Pardo Guerra e Iliana Hernández— que han tenido también vigilancia de forma permanente o en días concretos frente a sus domicilios, en su mayoría desde principios de diciembre. Dada la magnitud de la vigilancia, es probable que el número de activistas y periodistas independientes en situación similar sea mucho mayor. El 13 de diciembre, la bloguera Yoani Sánchez informó en Twitter de que su esposo, el periodista independiente Reinaldo Escobar, había sido detenido, interrogado durante cuatro horas y puesto en libertad después. La periodista independiente Luz Escobar también está sometida a vigilancia periódica, según otros informes.


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