Publicado en línea el Martes 9 de febrero de 2021, por adminattac

Martín Cúneo, publicado originalmente en El Salto

El 22 de enero, la Generalitat valenciana compraba tres viviendas que un banco iba a vender a un fondo buitre. La noticia era el precio: apenas 30 euros por unos inmuebles valorados en casi 300.000. Todo gracias a una ley aprobada unos meses antes que da prioridad a las administraciones públicas en este tipo de operaciones para frenar la espiral especulativa y nutrir el parque público de vivienda.

El 19 de enero, el Consejo de Ministros aprobaba una modificación en el decreto anti-desahucios del 23 de diciembre. Con “nocturnidad y alevosía”, según un artículo de El Idealista , el Gobierno ampliaba la protección contra posibles desahucios también a las familias vulnerables que ocupan viviendas de grandes tenedores. Un titular entierra al siguiente y ninguno parece gustar a los grandes propietarios.

En Catalunya, las leyes impulsadas por el movimiento de vivienda en los últimos seis años han conseguido situar a este territorio entre los más avanzados de Europa. El lobby financiero e inmobiliario utiliza al PP para tumbarlas a través del Tribunal Constitucional

En Catalunya, las leyes impulsadas por el movimiento de vivienda en los últimos seis años han conseguido situar a este territorio entre los más avanzados de Europa, algo que para las patronales del negocio financiero e inmobiliario supone un “drama” que coloca a los actores del mercado enuna situación de “desprotección” .

Frente al impulso de nuevas leyes que intentan proteger a las familias más vulnerables de la especulación, el lobby inmobiliario se ha recuperado de los primeros golpes y prepara una gran contraofensiva judicial contra las leyes que atentan contra sus intereses.

“El PP es el bufete de abogados de la banca, de los fondos buitre, las socimis y los grandes propietarios. Siempre que hay una ley que recorta los beneficios millonarios que tienen cualquier de estos sectores, el PP automáticamente lo lleva al Constitucional”, sentencia Santi Mas de Xaxàs, portavoz del Grupo Promotor de la ley 24/2015, la ley de vivienda más avanzada de todo el Estado español y una de las más garantistas de Europa. Contraofensiva judicial en Catalunya

Los juicios del procés han dejado en un segundo plano una lucha por el derecho a la vivienda que ha conseguido importantes conquistas para las familias y hogares más vulnerables en Catalunya.

Dos de esas normas que amplían la cobertura de la ley 24/2015 ya estaban en la mira del alto tribunal y fueron declaradas inconstitucionales es 28 de enero.

Se trata del decreto 17/2019 y el 1/2020, que modifica el anterior. Estas dos normas amplían la protección de las familias vulnerables frente a posibles desahucios, extienden los contratos de alquiler social de tres a siete años y obligan a los grandes tenedores a renovarlos de forma automática. La medida más polémica que recogen estos decretos es la protección frente a los desahucios de las familias vulnerables que ocupan una vivienda sin tener contrato, es decir, que están okupando.

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— PAHC Baix Montseny (@PAHCBM) January 23, 2021

Para Mas de Xaxàs, este decreto supuso un “cambio de paradigma y de relato muy necesario”, al pasar de “criminalizar a las familias a reconocerles un derecho, a la vez que se reconoce la incapacidad del Estado de solucionar la situación”.

Apenas un año después de su aprobación, el 28 de enero Tribunal Constitucional decidió tumbar estos dos decretos, no tanto por su fondo, sino por la forma en la que fueron tramitados.

Según el alto tribunal, las medidas recogidas en estos decretos afectan a un derecho fundamental de la Constitución —el derecho a la propiedad— por lo que se tendría que haber tramitado como una ley y no como un decreto, la vía elegida por la Generalitat. La sentencia supone un golpe a los avances legislativos en materia de vivienda en Catalunya y en el resto del Estado, pero no un golpe definitivo.

Frente al impulso de nuevas leyes que intentan proteger a las familias más vulnerables de la especulación, el lobby inmobiliario se ha recuperado de los primeros golpes y prepara una gran contraofensiva judicial contra las leyes que reducen sus beneficios

“El Tribunal Constitucional no entra en el fondo —por lo tanto todo lo que contienen los decretos no tiene ningún viso de ser inconstitucional—, sino en que se tendría que haber aprobado a través de una ley. Queremos que la Generalitat y los grupos del Parlament aprueben de inmediato una ley con el mismo contenido”, dice a El Salto el portavoz del Grupo Promotor de la 24/2015.

Este activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Barcelona recrimina al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos no haber hecho todo lo que estaba en sus manos para “blindar” estos decretos a través de la comisión bilateral abierta entre el Gobierno central y la Generalitat. Desde el 18 de diciembre, cuenta Mas de Xaxàs, el Ejecutivo tenía sobre la mesa una propuesta del Govern que hubiera obligado, al menos, a dilatar la decisión del Constitucional.

El Gobierno de coalición todavía está a tiempo, señala, de incluir los principales avances de la legislación catalana en la futura Ley de Vivienda que prepara el PSOE y sus aliados para blindar estas leyes y generalizar su aplicación a todas las familias vulnerables del Estado. Una ley “pionera y valiente”

La ley 24/2015 nació de una Iniciativa Popular Legislativa (ILP) impulsada por la PAH, el Observatorio DESC y la Alianza contra la Pobreza Energética. Una campaña que consiguió más de 150.000 firmas y un enorme apoyo de la sociedad civil se tradujo en una “ley pionera y valiente”, según las organizaciones promotoras, tanto en el ámbito nacional como internacional. Sin embargo, su creación y posterior aplicación ha estado rodeada de “ataques constantes por parte del ‘lobby’ de la banca y los fondos buitres con sus tentáculos al PP e incluso en el sistema judicial”, explica el Grupo Promotor de la ley.

Además de prohibir los cortes de suministros a familias vulnerables —una medida que se ha ampliado a todo el Estado mientras dure la pandemia—, la ley de vivienda catalana prohíbe los desahucios sin alternativa habitacional de familias vulnerables que no pueden pagar la hipoteca o el alquiler.

Al poco de aprobarse, el Gobierno de Mariano Rajoy llevó la ley 24/2015 al Constitucional. El alto tribunal tumbó los artículos más controvertidos, entre ellos, el que obligaba a los bancos a ofrecer alquileres sociales a las familias vulnerables que vayan a ser desahuciadas o aquel que permitía a las autoridades expropiar viviendas vacías de bancos o fondos de inversión.

En 2019, el Gobierno de Pedro Sánchez, en plena negociación con la Generalitat, decidió retirar los recursos. Desde entonces, la ley 24/2015 se aplica en su totalidad y fue completada en 2019 y 2020 con dos nuevos decretos que levantaron nuevas y aireadas respuestas de los inversores, constructoras e inmobiliarias.

En junio de este año, un grupo de 50 diputados del PP interpuso un recurso de inconstitucionalidad basado en la falta de competencias de la Generalitat y en que estas medidas vulneran el derecho a la propiedad privada. Según el Grupo Promotor de la ley 24/2015, esta norma y los decretos que amplían su cobertura están cubiertos por el artículo 47 de la Constitución sobre el derecho a la vivienda, un apartado “tan vulnerado sistemáticamente y desamparado por la propia Administración pública a todos los niveles”.

“Con demasiada frecuencia, gobiernos y tribunales ceden a las presiones del poder económico ejercido por la banca y fondos buitres y han obviado su deber de protección de las personas, los derechos humanos y la justicia social”, dicen desde el Grupo Promotor de la ley 24/2015

Es un proceso que suele durar unos dos años, explican desde el Grupo Promotor de la ley, pero en este caso antes de seis meses el Constitucional ya tenía una respuesta al recurso del PP, que se dio a conocer este 26 de enero.

“Somos conscientes de que, desgraciadamente y con demasiada frecuencia, gobiernos y tribunales ceden a las presiones del poder económico ejercido por la banca y fondos buitres y han obviado su deber de protección de las personas, los derechos humanos y la justicia social”, proclamaba en un comunicado este Grupo Promotor. Según las organizaciones sociales impulsoras, los efectos de la anulación de estos decretos serán desastrosos. Según datos de la Generalitat, detallan, la nueva legislación ha obligado a los grandes tenedores a hacer 2.200 ofertas de alquiler social para evitar desahucios. Sin tener en cuenta los casos de Barcelona, dicen, 3.289 familias podrían ser desahuciadas tras la decisión del Constitucional.

El otro gran terreno de lucha entre el derecho a la vivienda y los intereses financieros e inmobiliarios, la regulación de los alquileres, también está pendiente de la decisión del Constitucional después de que este tribunal admitiera a trámite este 28 de enero el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP. La ley 11/2020, que entró en vigor el 28 de septiembre del año pasado, se adelantó a la normativa estatal y congeló el precio de los alquileres en las 60 localidades catalanas más castigadas por la especulación, Barcelona entre ellas. En aquellos casos donde la renta haya crecido más del índice de referencia, los propietarios están obligados a bajar los precios.

El PP lanzó un recurso de inconstitucionalidad, que fue admitido por el alto tribunal. Para llevar el caso contrató nada menos que al despacho delfundador de Ciudadanos, Albert Rivera. “Una ley que protege a miles de familias en situación vulnerable no se toca. Se defiende”, decían decían desde el Sindicat de Llogaters de Catalunya. Desde esta organización han convocado una concentración el 28 de enero en la Plaza Sant Jaume de Barcelona a las 18h. El PP acusa al Gobierno de “blanquear la okupación”

La modificación del decreto anti-desahucios del pasado 23 de diciembre para incluir a las familias vulnerables que están viviendo “sin ningún título habilitante” ha escandalizado a la patronal del sector y a la derecha parlamentaria. La vicesecretaria de Política Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, acusaba al Gobierno de “blanquear la okupación” y de “no respetar la propiedad privada”.

La número 5 del PP en el Congreso, en consonancia con declaraciones anteriores de Pablo Casado, adelantó futuras acciones judiciales contra la norma: “No solo no descartamos ir a los tribunales sino que estamos convencidos de que es inconstitucional y no lo podemos dejar ahí”. El 25 de enero, la diputada de Vox en el Congreso, Rocío de Meer Méndez, anunciaba que su formación recurrirá ante el Constitucional una ley que, según sus propias palabras, “ampara la okupación ilegal”.

Pese a la alarma política y mediática, la normativa anti-desahucios caduca con el fin del estado de alarma y solo cubre a aquellas familias vulnerables acreditadas por los servicios sociales que habiten una vivienda de grandes tenedores de forma irregular, siempre y cuando haya en el hogar menores, dependientes o víctimas reconocidas de violencia de género, y excluye aquellos casos en los que “la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas”. Pese al limitado alcance de esta norma, la derecha no ha desaprovechado la ocasión para volver a repetir el mantra de que el Gobierno legisla para “sus amigos los okupas”.

La ampliación del decreto anti-desahucios para incluir a las familias vulnerables forzadas a ocupar ha soliviantado a la derecha y extrema derecha parlamentaria, que amenaza con llevar la medida al Constitucional

Para la PAH, las implicaciones de esta modificación van más allá y suponen una “victoria” conquistada gracias a la presión ciudadana. Según explican en un comunicado, el decreto del 23 de diciembre para suspender desahucios solo protegía los casos iniciados por la vía civil : “Esto abría la puerta a que todos los grandes propietarios escogieran la vía penal, haciendo totalmente ineficaz y absurdo el decreto. Porque una norma que quiere prohibir realmente los desahucios, no puede dejar una vía abierta para que se produzcan”. Para esta organización, lo importante de este decreto es que sitúa “el fenómeno de la ocupación como un grave problema de vivienda” cuya solución no pasa por “criminalizar la pobreza de familias que se obligadas a ocupar, la mayoría con niños”. El PP contra el Govern valenciano

Antes de verano, el País Valencià se sumaba a las pocas comunidades autónomas que disponen del derecho al tanteo y retracto, y tienen voluntad política de utilizarlos, algo que ha escandalizado a la banca, a los grandes propietarios y fondos buitre.

El derecho al tanteo permite a las administraciones públicas adquirir de manera preferente una vivienda que se va a vender a un tercero. Y el retracto autoriza a que las autoridades se queden con el inmueble una vez realizada la operación de compraventa en los mismos términos, es decir, pagando el mismo precio. El 22 de enero, la Generalitat volvía a recurrir a estas prerrogativas que también disponen las administraciones vascas y catalanas: intervenía una compraventa de tres viviendas —dos al precio de un euro y una tercera por 29— que se iba a realizar entre una entidad financiera y un fondo de inversión. “Con esto no solo evitamos que esas viviendas acaben en fondos buitre, sino que las incorporamos, por el precio de un euro, de forma inmediata al parque público de la Comunitat”, dijo a Europa Press el vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau (Podem).

A principios de julio de 2020, la Consellería ya había estrenado el derecho al tanteo incorporando al parque público valenciano 218 viviendas que el Banco Sabadell iba a vender a un fondo de inversión. Desde la aprobación de la ley, la Consellería utilizó estas herramientas para comprar más de 250 viviendas, según sus propios datos.

El PP llevó al Constitucional la ley que permite a las autoridades valencianas intervenir en operaciones especulativas y comprar viviendas al mismo precio para aumentar el parque público. El tribunal no tardó en aceptar el recurso

En septiembre de 2020, el PP presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la medida que permite el tanteo y retracto por considerar que invade competencias estatales y significa la “expropiación de un derecho fundamental”, como es el de la propiedad privada. El TC no tardó en admitir el recurso. La presidenta del PP valenciano, Isabel Boning, declaró entonces su “satisfacción” por la decisión del alto tribunal y calificó que la ley es inconstitucional, “no da seguridad jurídica” y supone “un ejercicio más del sectarismo de la izquierda”.

El carácter conservador de la justicia española es el aliado perfecto de la derecha y extrema derecha parlamentaria para tumbar unas leyes que afectan a los beneficios de la banca, de los fondos de inversión y del sector inmobiliario. “Haces una ILP, haces una ley, la apruebas, consigues que se implemente, luego resulta que te la llevan al Tribunal Constitucional y al final después de tanta movilización, después de tanta legislación, tanta participación de la ciudadanía sobre cuáles son las leyes que quieren que les rijan, al final la decisión depende de dos o tres personas”, dice Santi Mas de Xaxàs.


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