Publicado en línea el Lunes 1ro de abril de 2013, por Comunicación DRY

El caso de los ERE fraudulentos recuperó el pasado miércoles, día 27 de marzo, brío con 20 nuevos detenidos, nueve citaciones judiciales de imputados y 13 registros en siete provincias: Sevilla, Madrid, Barcelona, Jaén, Granada, Cádiz y Las Palmas. La Operación Heracles de la Guardia Civil, a las órdenes de la juez Mercedes Alaya, es un nuevo impulso a esta causa que durante los últimos cinco meses ha conservado una pieza secreta para identificar a “los verdaderos beneficiarios” de parte del fondo de los ERE, dotado con 721 millones por la Junta de Andalucía, gobernada desde hace tres décadas por el PSOE. Y este miércoles han brotado los primeros frutos de esta investigación reservada que ha seguido el rastro del dinero empleado en comisiones de los expedientes de regulación de empleo, cifradas en 68 millones.

Se trata, en las propias palabras de los principales sindicatos de policía, de la mayor trama de corrupción institucionalizada que ha habido en este país, prácticamente sólo superada por las hazañas de la familia Pujol en Cataluña. Ambos son claros ejemplos del uso de instituciones (especialmente cuando son más complejas de supervisar por los organismos del Estado) como las autonomías, que pueden dotarse de mecanismos internos para sistematizar el robo, los privilegios, el tráfico de influencias y la corrupción en general.

La Asociación Democracia Real YA condena firmemente la corrupción política como lo que ha quedado expuesto en el caso de los ERE´s en Andalucía. Un escándalo que deja de manifiesto la descomposición de nuestro sistema político y la hipocresía de quienes dicen “Representar a los Trabajadores”. Como ya dijimos cuando denunciábamos el caso de Bárcenas – y, por extensión, todo el caso Gürtel-, nuestra lucha se extiende a todas las áreas de nuestra política contaminada con corrupción.

 

En este caso concreto, según se ha podido saber a través de las investigaciones de la juez Alaya, el robo de dinero público por parte de miembros de la Junta de Andalucía y miembros del sector sindical, asciende a más de 1.400 millones de euros para mantener la élite clientelar del Partido Socialista Obrero Español (PSOE); actualmente, con más de 30 imputados y varios detenidos, cada hora que pasa aumenta el número de personas investigada por vínculos con el aparato PSOE / Sindicatos.

 

Es nuestro deber pedir a los máximos responsables de la Junta vinculados a este casos que dimitan, entre ellos, Griñán, porque justamente la sospecha que hay es que la contabilidad ‘B’ del “Eresgate” apunta completamente a él.

 

 

Del mismo modo queremos recordar a los militantes y simpatizantes de los grandes partidos que, en vez de permitir que se enreden culpándose de la corrupción unos a otros, deberían animarse todos a exigir, delante de las sedes de sus partidos, la dimisión de sus corruptos. Del mismo modo, los ciudadanos debemos ir y salir a la calle pidiendo la dimisión de los corruptos sean del color ideológico que sean, porque la corrupción es corrupción, en sus diversas formas, no importa si se trata de prevaricación, cohechos malversación o cualquier otro delito, porque no toleramos ninguno; y menos podemos tolerar frases justificatorias de la corrupción, vengan de quien vengan, no se pueden pasar por alto insinuaciones como, por ejemplo, aquella de Cayo Lara defendiendo que “la prevaricación no es corrupción”.

Y queremos extender también el llamamiento a los sindicalistas de base para que el escándalo, que se extiende también a las cúpulas de UGT y CCOO, se condene por toda la ciudadanía.


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