Publicado en línea el Lunes 11 de abril de 2016, por Celeste Fassbinder

Acompañado por un puñado de cuentas falsas que la red Twitter no penaliza, con insultos y odio, Luis D’Elia llama al enfrentamiento entre hermanos y derramamiento de sangre pidiendo la destitución del Presidente electo democráticamente: Mauricio Macri.

Al parecer olvida que la sedición es uno de los delitos más graves por los que puede ser acusado personal de la fuerzas de seguridad.

Luis D’Elia fue titular de la inmobiliaria ilegal kirchnerista, comandando la Asociación Civil Fuerza de los Trabajadores por la Tierra, la Vivienda, y el Hábitat enrolada dentro de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), mas conocida por sus siglas FTV-CTA, que entrenaba ladrones mediante la "enseñanza de la formación de cuadros entrenados en la metodología de la ocupación de tierras y propiedades", para apropiarse ilegalmente de tierras fiscales en áreas costosas (ejemplo: Patagonia) y luego venderlas en dólares. El procedimiento era ejercer presión al Estado para que éste ceda en la entrega de tierras que finalmente en manos de ésta organización terminaba por venderse a través de la red de Cooperativas USO a lo largo de todo el país.

El autor de la frase "yo odio a la gente blanca" debería conocer lo siguiente:

El artículo 22 de la Constitución Nacional consigna que “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete el delito de sedición.”. En ese sentido, el Código Penal es claro con respecto a este delito: En el artículo 229 se detalla que "Serán reprimidos con prisión de uno a seis años, los que, sin rebelarse contra el gobierno nacional, armaren una provincia contra otra, se alzaren en armas para cambiar la Constitución local, deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos y formas establecidas en la ley". En tanto, el artículo 23a indica que "Serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años: 1. Los individuos de una fuerza armada o reunión de personas, que se atribuyeren los derechos del pueblo y peticionaren a nombre de éste (art. 22 de la Constitución Nacional). 2. Los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este código".

BWN Argentina


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