Publicado en línea el Martes 12 de abril de 2016, por ANRed - Sur (redaccion@anred.org)


El pasado 8 de abril hubo una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la ciudad de Washington D.C para tratar la situación del derecho a la libertad de expresión en Argentina. Los denunciantes se manifestaron sobre la concentración de medios, la intervención de las autoridades federales con autoridad política y situación preocupante de los medios comunitarios, alternativos y populares. El gobierno hablo de la gestión anterior y eludió responder a las políticas actuales. Por Francesca Belotti y Emilce Siares para ANRed

La petición de audiencia en la CIDH fue realizada por las siguientes organizaciones de la sociedad civil: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Universidad Nacional de Lanús (UNLa), Universidad Nacional de las Artes (UNA), Carrera de Ciencias de la Comunicación UBA, Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM), Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) , Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), Red de Radios Universitarias de América Latina y el Caribe (RRULAC), ARUNA, Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID), Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), Músicos Autoconvocados, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y Red Par.

Los peticionantes, contundentemente, aclararon que el objeto de la discusión tenía que ver con los efectos que ya están generando los DNUs adoptados por Mauricio Macri en el sector de los medios, y expusieron argumentaciones jurídicas y datos empíricos indicativos de lo que está ocurriendo, pese a que el gobierno nacional los justificara como “medidas legales transitorias”, con la promesa de una futura ley de convergencia tecnológica.

Las principales objeciones levantadas por los denunciantes giraron en torno a la concentración de medios, la intervención de las autoridades federales con una autoridad política y a la vulnerabilidad de los medios comunitarios, alternativos y populares.

Los datos presentados por Martín Becerra, (especialista en políticas y reglamentación de la comunicación) con referencia a las licencias de televisión abierta y la de pago, aclaran el escenario y demuestran que “la Argentina exhibe altos niveles de concentración (y) las nuevas normas decretadas por el gobierno dan la espalda a este problema, (porque) obstaculizan la competencia, y, por lo tanto, potencian la concentración”. El mismo Becerra evidenció cómo la creación del ENACOM gubernamentaliza la aplicación de la Ley, “combinando la discrecionalidad del mercado con la discrecionalidad del Poder Ejecutivo”. De hecho, como precisó Damián Loreti (Secretario del CELS y representante de AMARC) de la autoridad de aplicación quedan excluidos actores clave en el ámbito de la comunicación, y esto atenta contra los principios que regulan la libertad de expresión en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ejemplar es el caso de las universidades que, como destacó Daniel Badenes (representante de la UNQui y de la REDECOM), quedan excluidas tanto del directorio del ex AFSCA como del Consejo Federal. Es más: acá la representación se redujo a integrantes nombrados por el Poder Ejecutivo y el Congreso, que operan bajo la latente amenaza de una remoción en forma directa por parte del Poder Ejecutivo.

Por otro lado, con respecto a las radios comunitarias populares y alternativas, inclusive las de pueblos originarios, Néstor Busso (Presidente de FARCO y Vicepresidente de ALER) denunció la demora en los trámites de concursos de radio y televisión remitiéndolas a las modificaciones legales: precisó que hay 200 concursos de radio y TV pendientes de regulación y 180 radios sin fines de lucro esperando sus licencias. Además los despidos del AFSCA paralizaron la asignación de los fondos de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) ya ganados.

Frente a estas cuestiones la respuesta del Estado Argentino a cargo del gobierno de Macri se limitó a evidenciar las debilidades y contradicciones que caracterizaron al gobierno anterior en materia de Derechos Humanos, sin detenerse puntualmente en el objeto de la audiencia, que tenía que ver con lo que está ocurriendo en la Argentina en estos meses de legislación transitoria en materia de comunicación. Esta actitud es evidente en las intervenciones de Claudio Avruj (Secretario de Derechos Humanos) y Santiago Cantón (Secretario de Derechos Humanos de la Pcia. De Buenos Aires), quienes mencionaron algunos de los datos ya relatados en el Informe 2015 de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión.

Si bien es cierto que con el kircherismo la implementación de la Ley 26522 fue claudicante, el nuevo marco regulatorio que el gobierno actual se propone definir, bajo la retórica de la convergencia y del diálogo con los sectores sociales afectados por la Ley –como declaró Miguel de Godoy (Presidente del ENACOM)-, deja abiertas muchas preguntas a los mismos comisionados y al Relator de la Libertad de Expresión de la CIDH sobre cómo, en concreto, se evitará la concentración de medios y se empujará la presencia de los medios comunitarios en la arena mediática.


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