Publicado en línea el Miércoles 13 de abril de 2016, por Patria Grande

Este miércoles 13 de abril la ex-presidenta Cristina Fernández deberá prestar declaración indagatoria en la polémica causa armada por el juez Bonadío por presunto fraude al Estado mediante la operatoria del llamado “dólar futuro”. Esta citación, y la campaña mediática con eje en la corrupción del gobierno saliente, se desarrollan en un contexto por demás difícil para nuestro pueblo.
1- Que el árbol no tape el bosque. El gobierno de Mauricio Macri llegó para aplicar un plan económico favorable al capital más concentrado y dañino para el conjunto de los intereses populares. Más de 11 mil despidos sólo en el Estado nacional, la pérdida de más de 110 mil puestos de trabajo entre el sector público y el privado, 1 millón 400 mil nuevos pobres producto de la inflación que tritura salarios y jubilaciones, y un tarifazo salvaje en los servicios públicos y en el transporte son la concreción de este plan de ajuste. Para esta tarea el gobierno de Macri cuenta con un blindaje mediático vergonzoso y esgrime el viejo argumento de la “herencia recibida”. La corrupción y dilapidación de recursos públicos del kirchnerismo son la bandera privilegiada de Cambiemos para justificar el ataque al pueblo y desviar la atención de la monumental y fraudulenta connivencia entre los intereses privados más concentrados y cada uno de los funcionarios de su gabinete. Nos muestran los dólares que contaban en la “Rosadita”, pero no las paladas que se llevan los grandes exportadores a costa de nuestros bolsillos, ni los negocios que Prat Gay le facilitará a su ex – empleadora, la JP Morgan. En este momento el gobierno de Macri intenta construir legitimidad y consenso en parte de la sociedad, embanderándose en una supuesta lucha anti-corrupción, desviando la bronca por los tarifazos y aislando las luchas de trabajadores y trabajadoras por los salarios y despidos, mientras siguen apareciendo empresas “off shore” en Panamá que lo involucran a él y otros funcionarios del partido de gobierno.
2- Una citación sin causa. La citación a indagatoria de Cristina Fernández, en el marco de una causa sin sustento alguno, es funcional a este objetivo del macrismo. El juez federal Claudio Bonadío imputa a Cristina, Kicillof, Vanoli y otros funcionarios por vender “dólares futuro” por debajo del precio que sería adecuado o razonable según nada menos que connotados opositores al kirchnerismo como Pinedo, Prat Gay o el periodista Bonelli. Es decir, básicamente se está judicializando una medida de política económica, que puede ser correcta, incorrecta o hasta repudiable, pero que es habitual en el marco de cualquier intervención estatal sobre el mercado y como tal no puede ser de tratamiento penal. Para esto debiera demostrarse enriquecimiento de los imputados con esta maniobra o de financistas “amigos”, lo que no emerge ni siquiera como indicio de ninguno de los elementos conocidos de la causa. En conclusión, la citación a Cristina en el marco de esta causa configura una maniobra de hostigamiento y persecución contra una parte de la oposición política, y como tal debe ser rechazada. Cuando las disputas y debates políticos se judicializan siempre pierde el pueblo y se afectan derechos democráticos que son conquistas de todos y todas.
3- Jueces y partes. Esto es más grave aún cuando se empodera y legitima al más antidemocrático y antipopular de los poderes del Estado, y en particular al más corrompido, discrecional y oligárquico de sus fueros: la justicia federal. Si una parte del pueblo argentino deposita sus legítimas aspiraciones de una política “limpia”, y de funcionarios honestos que no se enriquezcan en la función pública, en las manos de jueces como Bonadío o Casanello, esas expectativas no pueden ser más que defraudadas. El fuero federal es el refugio de una casta ajena a cualquier control popular, más impune y duradera que cualquier gobierno, con individuos embarrados como pocos en las tramas de corrupción, negociados y extorsiones, siempre en vínculo de connivencia o apriete según el caso con sectores del poder político, empresarios, fuerzas de seguridad y personajes oscuros como el paradigmático Jaime Stiuso. No pueden ser jueces porque son parte. Son parte de una casta política alejada de los intereses populares, que calla cuando es necesario, y que saca a relucir sus “armas” para apretar gobiernos o políticos cuando necesitan reafirmar su lugar de privilegio. Por esta vía y en estas manos es altamente improbable que se llegue a la verdad, incluso en las causas donde efectivamente se investigan presuntos hechos de corrupción o lavado de dinero, con empresarios y funcionarios kirchneristas involucrados, como las de Hotesur o la de “La Rosadita”. Sin una democratización profunda del poder judicial, que lo acerque al pueblo y lo ponga bajo su control, no tendremos jamás justicia efectiva.
4- Corrupción, relatos y funcionalidades.
Nuestra convicción es que la corrupción es consustancial al capitalismo como sistema, no un mal focalizado en la deshonestidad de individuos o facciones políticas aisladas. Mientras el valor máximo de una sociedad sea la búsqueda de la ganancia privada con la mayor escala y rapidez posible, la corrupción, como el negocio del narcotráfico o la trata, serán una de las formas de la normalidad, no la excepción. Esto no supone justificación alguna, sino todo lo contrario. Como militantes populares repudiamos la corrupción, y luchamos contra ella, porque sabemos que los negociados de los de arriba son el hambre, las penurias y hasta la muerte de los de abajo, como lo demuestra el caso de Jaime, el vaciamiento ferroviario y la tragedia de Once. Sin embargo no somos ingenuos o ingenuas. No es casual que para los grandes medios de comunicación la corrupción siempre aparezca como un problema de los gobiernos “populistas” o de los “estados parias”, que harían “demagogia” con los pobres mientras se enriquecen, y nunca asociada a los gobiernos liberales o derechistas que hambrean a su propio pueblo y drenan recursos hacia las grandes corporaciones multinacionales. Así, los mismos que sistemáticamente la generan y la promueven utilizan el discurso sobre la corrupción para encubrir políticas económicas antipopulares y atacar a gobiernos o dirigentes que consideran adversos. Si caemos en la trampa de esa simplificación lo terminaremos pagando caro. Ya en los años noventa nos vendieron que el problema principal del país era la corrupción. Que el modelo estaba bien y que si “los políticos” dejaban de robar la situación iba a mejorar. Con ese discurso De la Rúa ganó la presidencia, y todos sabemos cómo terminó.
En toda Nuestra América, y en situaciones muy disímiles, el poder judicial y las grandes corporaciones mediáticas cumplen hoy el papel que en otro tiempo supieron llevar adelante las Fuerzas Armadas. Son la punta de lanza de los intereses más concentrados de la economía: de la banca, del capital transnacional, de las grandes oligarquías exportadoras y por supuesto de los Estados Unidos. Lo vemos en estos días en Brasil, donde impulsan un golpe de Estado contra Dilma Roussef y una fuerte persecución política contra Lula Da Silva. Solamente las masivas movilizaciones populares impulsadas por el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), la Central Única de los Trabajadores (CUT) y otros movimientos sociales junto a la militancia del PT impidieron hasta ahora que se consume el golpe. También lo vemos permanentemente en Venezuela, donde existe una campaña sistemática en los medios y mediante acciones de sabotaje económico y de violencia paramilitar para crear un clima que pueda justificar el derrocamiento de la Revolución Bolivariana. Es el pueblo bolivariano organizado el que sostienen al gobierno popular de Nicolás Maduro.
Para nosotros, que queremos un cambio de fondo, la corrupción es inaceptable, y más aún en un gobierno que se reclame popular. Todos y todas las que se hayan enriquecido a costa del pueblo lo tendrán que pagar, sean del partido que sean. Pero no permitiremos que derechos conquistados durante estos años en que gobernó el kirchnerismo, pero que son patrimonio de todo nuestro pueblo, nos sean arrebatados con la excusa de la lucha anti-corrupción. No aceptaremos que esta justicia construya legitimidad para perseguir a militantes populares como Milagro Sala ni la estigmatización de la militancia popular, sea del signo que sea. No nos dejaremos convencer de que la política no sirve, que “son todos iguales” y que el principal problema del país es “moral”, mientras se entregan los recursos del país y se lleva a la miseria planificada a millones de compatriotas.

Mesa Ejecutiva Nacional de Patria Grande – 12/04/16


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