Publicado en línea el Viernes 15 de abril de 2016, por ANRed - Sur (redaccion@anred.org)


La Procuración Penitenciaria de la Nación presentó un informe que recopila los principales resultados del protocolo de actuación aplicado por su Área de Investigación y Documentación Eficaces de Casos de Tortura y/o Malos Tratos, con el objetivo principal de conocer, aclarar y documentar hechos de tortura y establecer las responsabilidades de las personas e instituciones implicadas. Por Red Eco Alternativo

La sistematización, procesamiento y análisis de la información producida estuvo a cargo del Equipo de Estadística y Bases de Datos del Observatorio de Cárceles Federales. Durante 2015, se registraron 775 casos de tortura y malos tratos, de los cuales solo el 35% de las víctimas prestó consentimiento para denunciar lo sucedido. El resto de los detenidos prefirió no iniciar acciones legales ante el temor de sufrir represalias por parte de sus victimarios; en cambio sí autorizaron a la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) a la realización de un informe con reserva de identidad o simplemente a dejar registro estadístico de lo sucedido.

De los 775 casos de tortura, las personas victimizadas suman 588, ya que algunas de ellas sufrieron las agresiones de manera reiterada. 716 fueron varones (92%), 47 mujeres (6,5%) y 12 LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros e Intersexuales) (1,5%).

Si se toma como referencia la edad, el rango etario con mayor número de casos registrados fue el de 25 a 34 años con 387 (51%). Incluso, de acuerdo a las últimas estadísticas oficiales elaboradas por el Ministerio de Justicia respecto del año 2014, las personas incluidas en este rango representaron el 38% del total de los alojados en el Servicio Penitenciario Federal. Según la PPN, año tras año este grupo reúne las mayores posibilidades de ser victimizado en los episodios de torturas y malos tratos penitenciarios.

En cuanto a la distribución de casos según otros rangos etarios, el informe registra: 18 a 24 años: 200 (27%); 35 a 44 años: 139 (18%); 45 a 54 años: 21 (3%); 55 a 64 años: 5 (0,5%).

Si se toma en cuenta el lugar de las penitenciarías donde se sucedieron los hechos de violencia, la mitad ocurrió en las celdas o pabellones (350 casos, el 51%). Otras zonas fueron: leonera (170, 25%), pasillos (130, 19%), celda de aislamiento (76, 11%), centro médico/hospital penitenciario (73, 11%), oficinas administrativas (52, 7,5%), camión de traslados (32, 5%).

La mayoría de los agentes agresores conformaba el cuerpo de requisa (596 casos, es decir el 85%), luego siguen jefe y/o agentes de seguridad interna (237, 34%), director, jefe de unidad o módulo (40, 6%), médico o enfermero (35, 5%), agente de traslados (27, 4%) y policía (15, 3%).


Los agentes penitenciarios tienen la obligación de portar una placa identificatoria con sus nombres y apellidos, sin embargo el 39 % de los entrevistados dijo que sus victimarios no la usaban al momento de la agresión, esto repercute justamente en la posibilidad de identificación de los agresores. De este relevamiento, se desprende que el 88% de las víctimas fue golpeado por más de un agente penitenciario.
modalidaddetorturasymalostratos2015 PPNEn relación a la modalidad de la violencia ejercida sobre los detenidos, el 89% fue a través de golpes de puño (582 casos), el 68% patadas (445), el 41% cachetadas (268), el 14% golpes en oídos con palmas (93), 12% asfixia (75), el 6% golpes en los pies (37), entre otros. Estos sometimientos se concretaron en 416 casos en el piso (72%), 368 de espaldas (64%), 359 con la víctima esposada o atada (62%), 98 desnudo (17%), en 69 se produjo arrastre de los pelos (12%), 27 con los ojos vendados (4,7%) y 25 a través de escupitajos (4%).

El 24% de estos episodios se desencadenó como represalia a las víctimas por reclamos formales o denuncias por agresiones físicas presentadas contra autoridades penitenciarias. En el 47% de los casos, los agredidos se vieron obligados a firmar partes de sanción y sufrieron aislamientos posteriores (23%) que obstaculizaron la denuncia de estos hechos. Otras estrategias de encubrimiento utilizadas con más frecuencia por los agresores fueron las amenazas (43%), que incluyeron de muerte o de futuras agresiones hasta la pérdida u obtención de beneficios.

En el 25% de los casos, las personas agredidas fueron obligadas a firmar un acta que dejaba constancia que no registraban lesiones, dejando sin responsabilidad por lo sucedido a los agentes con la complicidad y el silencio de los médicos del Servicio Penitenciario Federal.

La Procuración explicó que además existen otras maniobras de encubrimiento que incluyen la elaboración de “actas de lesiones” donde las consecuencias corporales y dolencias de las víctimas se atribuyen a accidentes o auto-lesiones que nunca existieron.

Repitiendo una tendencia registrada en los últimos años, el establecimiento que sumó la mayor cantidad de agresiones fue el Complejo Penitenciario Federal (CPF) I de Ezeiza, con el 29% de los casos; seguido del CPF II de Marcos Paz con el 16%). Entre los dos agruparon prácticamente a la mitad (45%) de los hechos detectados. Si se suma al Complejo Penitenciario Federal CABA (Ex U. 2 de Devoto), el porcentual alcanza al 55%.

Desde la Procuración aclararon que los datos publicados en este informe son sólo “el fragmento conocido del despliegue de agresiones físicas y de ninguna manera tiene la pretensión de representar acabadamente el fenómeno”. En este sentido, manifestaron que su contenido debe ser considerado el “piso mínimo” de los casos constatados, y que su valor radica “en la información que ofrecen sobre las aristas más importantes de la violencia penitenciaria”.

Más información: www.ppn.gov.ar


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