Publicado en línea el Viernes 15 de abril de 2016, por ANRed - Sur (redaccion@anred.org)


Mediante la Resolución 439, del 30/3/2016, el Interventor del Pami excluyó más de 150 medicamentos de la “Provisión de Medicamentos por Razones Sociales” y cuya cobertura se daba al 100%, a los beneficiarios de la obra social. Este ajuste es parte de una política de desconocimiento de los derechos de los jubilados y pensionados.Por Lidia Meza*

Mediante la Resolución 439, del 30/3/2016, el Interventor del Pami excluyó más de 150 medicamentos de la “Provisión de Medicamentos por Razones Sociales” y cuya cobertura se daba al 100%, a los beneficiarios de la obra social.

Para tomar tan grave decisión, que impacta en los recursos de los beneficiarios, se menciona un trabajo realizado con una agencia denominada Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria que reveló el uso extendido de fármacos cuya ”evidencia médica disponible no resulta suficiente para determinar beneficios clínicos significativos”.
Invoca para ello el “principio de racionalidad en la administración de los medicamentos cuya cobertura el INSSJP asegura a los beneficiarios”.

Por supuesto, no interesa la opinión de los trabajadores y jubilados sino la de pseudo especialistas en racionalización y eficiencia administrativa.
Es evidente que los jubilados, pensionados y beneficiarios del PAMI se encuentran en una situación crítica. El Instituto, que es un ente público no estatal, que de acuerdo a nuestro sistema constitucional (art. 14 bis) debe ser administrado por los jubilados y pensionados, con participación del Estado, está desde hace décadas en manos de interventores (verdaderos gobiernos de facto) que usan sus recursos para fines distintos de los de garantizar, en forma integral, la salud de sus verdaderos dueños.

Actúan como si fuera dinero propio del Estado y no recursos producto del salario de los trabajadores y jubilados.

Con el gobierno de Macri se mantiene la situación ilegal que implica un poder de hecho en el PAMI, agravada por el regreso a una concepción, que primó en los noventa, de considerar a los titulares de derechos (jubilados y pensionados) como consumidores, sujetos a los cuales, de un día para otro, se los puede privar, en este caso de medicamentos, por razones de eficiencia.

En lugar de ampliar los derechos de los beneficiarios se los recorta sustancialmente con argumentos que dicen “hacer más eficiente el sistema”. En donde, con la excusa de que detectaron afiliados fallecidos a los cuales se les seguía recentando y fármacos sin efectividad clínica comprobada, se resuelve castigar a los jubilados, es decir reducir la cobertura de medicamentos.

Estos personajes siempre acuden a los mismos argumentos, ni siquiera son creativos: mejorar las prácticas y los controles para hacer más eficiente y transparente el sistema

No se piensa, por supuesto, en las necesidades de los jubilados y pensionados sino en el “sistema” que en realidad encubre el uso indiscriminado de los recursos del PAMI, para sus propias necesidades. En este caso reduciendo las prestaciones de medicamentos.

En realidad es un ajuste en las prestaciones, vendrán otras. No resulta lógico, ni racional, decir que se mantiene el descuento, del 50 u 80%, en los medicamentos excluidos si estos fueran ineficaces.

Por supuesto, no se consulta a los dueños y beneficiarios del Instituto, sino a especialistas en recortes. Distintos profesionales han señalado, además, que entre los excluidos hay medicamentos importantes.

Hasta la fecha todas las medidas del nuevo gobierno han apuntado a redistribuir en forma regresiva los recursos de la sociedad, a favor de los más poderosos, y a tomar medidas que perjudican a los que menos tienen.

En el caso de los jubilados y pensionados, primero se anunció que no se prorrogaba la moratoria previsional, que permitía jubilarse a quienes no tenían suficiente aportes; ahora se reduce la lista de medicamentos. A ello se suma que se habla del aumento de la edad para jubilarse y reformas previsionales genéricas, que conociendo la formación de quienes las enuncian van en un sentido negativo para la vigencia de los derechos sociales.

Hoy más que nunca convocamos a los trabajadores activos y jubilados a defender sus derechos y a exigir la normalización del PAMI mediante la participación de sus aportantes en su administración y a reclamar una reforma integral del sistema previsional que garantice el 82% móvil conforme nuestro sistema constitucional.

*Secretaria de Previsión Social de la CTA


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